Un País sin Presidente
“De todos los ideales que he acariciado para el engrandecimiento moral y material del Uruguay, ninguno me ha parecido (como la supresión de la Presidencia) de finalidades más trascendentales. Puedo afirmar que uno de los principales motivos que me indujo a aceptar la actual Presidencia fue la esperanza de poder influir en forma eficaz, dentro de mi legítima esfera de acción, para transformar nuestro actual régimen presidencial que me parece detestable”. José Batlle y Ordoñez
A lo largo de siete columnas hemos transitado un análisis profundo y reflexivo sobre el colegiado propuesto por José Batlle y Ordóñez. Este recorrido ha sido un esfuerzo por iluminar los aspectos más complejos de este modelo de gobierno, con el objetivo de ofrecer al lector no solo una explicación exhaustiva, sino también un enfoque didáctico que nos permita, tanto a quien escribe como a quienes leen, aprender y repensar juntos este importante capítulo de la historia política uruguaya. Desde el primer momento, el propósito ha sido invitar al lector a participar activamente, brindando sus críticas y sugerencias, con la certeza de que el conocimiento se enriquece a través del diálogo constructivo.
El título de esta última columna, “Un País sin Presidente”, es un homenaje sutil, pero significativo, a uno de los últimos grandes defensores del colegiado en su forma más pura: Pablo Ney Ferreira. Este intelectual, cuyo rigor académico y pasión por la investigación crítica lo convirtieron en una figura clave en el estudio de la política uruguaya, dedicó su vida a explorar y difundir las ideas detrás del sistema colegiado. A través de su prolífica producción intelectual, Ney Ferreira además de analizar la historia del primer batllismo y su visión del colegiado integral, extendió su mirada a cuestiones fundamentales del republicanismo, la democracia y la teoría política contemporánea.
Entre sus obras más importantes se destacan “Un país sin presidente: el primer batllismo, «El Día» y la idea del colegiado integral (1911-1916)” (2010), donde analiza en detalle el surgimiento y las implicaciones del sistema colegiado en Uruguay; “¿Qué es el Republicanismo?: introducción a una tradición cívica” (2015), un texto que reflexiona sobre los valores republicanos y su relevancia en la política moderna; “El pensamiento político de Max Weber: una aproximación desde la teoría política” (2018), que ofrece una perspectiva crítica sobre las ideas de Weber en el contexto de la teoría política; y “Democracia, ideas e historia: crónica de una Odisea periodística” (2022), una obra que combina historia política y análisis periodístico con una profundidad característica de su estilo.
Este guiño a Pablo Ney Ferreira es un reconocimiento a su inquebrantable compromiso con el conocimiento, y una invitación a todos nosotros a continuar explorando las complejidades del pensamiento político uruguayo. Así, cerramos este ciclo de columnas con la esperanza de haber contribuido a una mayor comprensión y reflexión crítica sobre el colegiado, un modelo de gobierno que, aunque extinto en su forma original, sigue despertando interés y debate en las esferas académica y política.
El concepto de colegiado introducido por José Batlle y Ordóñez a principios del siglo XX en Uruguay representó una transformación estructural significativa en la forma de ejercer el poder ejecutivo, marcando una ruptura con el presidencialismo convencional. Este modelo distribuía el poder entre varios miembros, rompiendo con la figura centralizada del presidente único y apostando por una toma de decisiones más representativa, plural y consensuada. El contexto político e histórico en el que surgió esta innovación responde a una necesidad de estabilidad política y de eficiencia administrativa en un momento crucial para la consolidación de la democracia uruguaya, pero sus implicaciones van mucho más allá del ámbito práctico, revelando una profunda dimensión ideológica y cultural.
Para comprender la propuesta de Batlle y Ordóñez, es fundamental situarla en un marco histórico y político particular. Uruguay, en las primeras décadas del siglo XX, atravesaba un período de intensos conflictos políticos, especialmente entre los dos grandes partidos tradicionales: el Partido Colorado, al cual pertenecía Batlle, y el Partido Nacional. Estos enfrentamientos habían desembocado en episodios de violencia civil y en repetidos desafíos a la estabilidad institucional. En este contexto, el presidencialismo, que concentraba el poder en una sola figura, se percibía como un modelo vulnerable a la tentación autoritaria y a las crisis de legitimidad, características que Batlle y Ordóñez identificaba como peligrosas para el desarrollo democrático del país.
El colegiado, entonces, emergió como una respuesta directa a estos problemas. Inspirado en ciertos modelos europeos, en particular el sistema de gobierno de Suiza, Batlle propuso una descentralización del poder ejecutivo mediante su distribución entre varios miembros de un consejo, quienes serían responsables de la toma de decisiones de manera colegiada. Esta estructura no solo intentaba evitar los excesos del poder personalista, sino que también reflejaba un compromiso ideológico con la democratización del poder. Al incorporar múltiples voces en el proceso de toma de decisiones, Batlle creía que se alcanzaría una gobernanza más equilibrada, donde los intereses colectivos prevalecerían sobre los individuales.
Sin embargo, la propuesta de Batlle y Ordóñez no puede reducirse únicamente a una solución técnica frente a los problemas políticos del momento. El marco ideacional de Campbell proporciona una lectura enriquecedora para entender la profundidad de esta innovación. Desde la perspectiva de Campbell, las ideas tienen un papel fundamental en la formación y evolución de las instituciones políticas, y el concepto de colegiado de Batlle es un claro ejemplo de cómo un cambio institucional responde a una lógica ideológica más amplia. En este caso, el colegiado refleja la visión democrática y descentralizadora de Batlle, quien, al proponer la distribución del poder, también estaba abogando por una transformación en la cultura política del país.
El rechazo a la concentración de poder no solo tenía implicaciones estructurales, sino que también estaba cargado de un contenido normativo que promovía la participación ciudadana como un valor fundamental. El colegiado, más allá de su diseño institucional, representaba una forma de abrir el espacio público a una mayor diversidad de opiniones y de actores, fomentando la transparencia y el control social sobre el ejercicio del poder. En este sentido, la propuesta de Batlle puede interpretarse como un intento de democratizar no solo las instituciones, sino también la cultura política uruguaya en su conjunto. Este cambio cultural es quizás uno de los aspectos más notables y subestimados del legado de Batlle, ya que su propuesta de gobierno colegiado implicaba una transformación en la manera en que los uruguayos concebían el ejercicio del poder y su relación con las instituciones.
A lo largo de su vida política, Batlle y Ordóñez no dejó de insistir en la necesidad de legitimar esta reforma mediante un amplio debate público. En los discursos parlamentarios y en sus intervenciones en la prensa, Batlle defendía el colegiado no solo como una medida pragmática, sino como una solución profundamente alineada con los principios democráticos. Este programa político no solo buscaba cambios en la estructura del Estado, sino que también proponía una renovación de los valores políticos que guiaban la vida pública uruguaya. Para Batlle, la participación ciudadana y la descentralización del poder no eran simplemente herramientas de gobernanza, sino principios fundamentales de una democracia moderna.
A pesar de que el modelo original de gobierno colegiado fue finalmente abolido en 1933, su influencia ha perdurado en diversas instituciones uruguayas y ha dejado una marca indeleble en la historia política del país. La idea de una toma de decisiones compartida ha inspirado estructuras en ámbitos como el empresarial, donde los directorios colegiados reflejan los principios de gobernanza colectiva que Batlle promovía. Además, la influencia del colegiado se extiende más allá del ámbito institucional, habiendo contribuido a una cultura política que valora el pluralismo y la participación ciudadana en la gestión pública.
Desde una perspectiva teórica más amplia, el legado de Batlle y Ordóñez y su modelo de colegiado también ofrece una plataforma para reflexionar sobre las formas de ejercicio del poder en las democracias contemporáneas. Su propuesta sigue siendo relevante en debates actuales sobre la concentración del poder, la crisis de los sistemas presidencialistas y la búsqueda de modelos de gobierno más inclusivos y participativos. El gobierno colegiado, aunque surgido en un contexto histórico particular, encarna ideales que siguen siendo pertinentes en cualquier sociedad que aspire a democratizar sus estructuras de poder.
Finalmente, es posible concluir que la propuesta de Batlle y Ordóñez no solo representó una solución institucional innovadora para los problemas políticos de su tiempo, sino que también fue una expresión de una visión ideológica comprometida con la participación ciudadana, la transparencia y la descentralización del poder. El gobierno colegiado, visto a través del prisma de Campbell, no fue meramente una innovación técnica, sino una manifestación de un cambio cultural y político más profundo, que buscaba reconfigurar la relación entre el Estado y la sociedad en Uruguay. Este legado, aunque transformado y adaptado a lo largo del tiempo, continúa inspirando reflexiones sobre la gobernanza democrática y los modos más efectivos y legítimos de ejercer el poder en las sociedades modernas.
Reflexión Final
En la introducción de esta serie de columnas planteé la pregunta de si ¿Es viable y efectivo un modelo de gobierno distinto al presidencialismo tradicional?
En el contexto específico de nuestro país, la discusión sobre la viabilidad y efectividad de un modelo de gobierno diferente al tradicional presidencialismo es crucial para entender la evolución política del país. A lo largo de nuestra historia, hemos explorado diversas estructuras de gobierno que han desafiado el presidencialismo puro predominante en América Latina. Un ejemplo destacado es el modelo colegiado propuesto por José Batlle y Ordóñez a principios del siglo XX.
Batlle y Ordóñez, inspirado en ideas progresistas y preocupado por los excesos del presidencialismo autoritario, buscaba democratizar el ejercicio del poder ejecutivo. El modelo colegiado se planteó como una alternativa para descentralizar el poder, promover la colaboración entre diferentes fuerzas políticas y asegurar una representación más amplia de intereses en la toma de decisiones. Esto contrastaba con la imagen de un presidente con amplios poderes, a menudo asociada con prácticas monárquicas o presidencialistas que concentraban autoridad de manera centralizada.
La propuesta de José Batlle y Ordóñez de implementar un gobierno colegiado en Uruguay no solo fue una respuesta teórica a ideales democráticos, sino también una solución práctica a desafíos concretos que el país enfrentaba en su desarrollo político a principios del siglo XX. Uruguay, como muchos países de la época, experimentaba fluctuaciones económicas y sociales significativas, así como tensiones políticas internas que amenazaban la estabilidad y el progreso. La concentración excesiva de poder en manos de un presidente, característica del presidencialismo clásico, era vista como un riesgo para la democracia y la inclusión política.
En este contexto, el modelo colegiado propuesto por Batlle y Ordóñez buscaba equilibrar la estabilidad gubernamental con una mayor inclusión de diferentes fuerzas políticas en la toma de decisiones. Esto no sólo promovía una distribución más equitativa del poder ejecutivo, sino que también pretendía fortalecer la rendición de cuentas y la representatividad política. La experiencia histórica, marcada por experimentos institucionales como el colegiado, refleja un interés constante en encontrar estructuras de gobierno que aseguren tanto eficacia administrativa como legitimidad democrática.
A pesar de la predominancia del presidencialismo en la actualidad, nuestro país ha sabido demostrar un interés continuo en explorar modelos alternativos, como sistemas parlamentarios o semipresidenciales, que puedan adaptarse mejor a las necesidades cambiantes del país. La evaluación de la viabilidad y efectividad de estos modelos debe considerar su capacidad para garantizar la gobernabilidad efectiva, la representatividad política y la capacidad de respuesta ante crisis o cambios políticos, aspectos fundamentales para asegurar la estabilidad y el desarrollo sostenible en el contexto contemporáneo.
La viabilidad de cualquier modelo de gobierno alternativo debe considerar varios aspectos clave. Primero, la capacidad de garantizar la gobernabilidad efectiva, asegurando que el gobierno pueda tomar decisiones y actuar rápidamente en beneficio del país. Segundo, la representatividad política, es decir, la capacidad de reflejar y representar los intereses diversos de la sociedad uruguaya. Y tercero, la capacidad de respuesta frente a crisis y cambios políticos, adaptándose ágilmente a nuevas circunstancias y demandas emergentes.
Es crucial que cualquier evaluación de modelos de gobierno se base en un análisis profundo de su contexto histórico, político y social, dentro de un amplio diálogo público. Esto implica no solo considerar la efectividad administrativa y la estabilidad institucional, sino también evaluar cómo un modelo dado fortalece los valores democráticos y fomenta una participación ciudadana activa y responsable.
En la era actual, surgen interrogantes sobre la capacidad de las democracias representativas para satisfacer las demandas de una ciudadanía cada vez más informada y conectada digitalmente. Es posible que los modelos tradicionales de representación política no sean suficientes para enfrentar los desafíos complejos y globalizados del siglo XXI, lo que subraya la necesidad de repensar las estructuras de poder y participación para asegurar una gobernanza más inclusiva y receptiva a las aspiraciones ciudadanas.