El Modelo Suizo
El modelo de gobierno suizo se consolidó con la Constitución Federal de 1848, que transformó una confederación de Estados autónomos en un sistema federal moderno. Esta Constitución sentó las bases de un Estado federal, donde el poder se divide entre la Confederación, los cantones y las comunas. Cada uno de estos niveles tiene competencias claras y bien definidas, lo que refleja una estructura profundamente descentralizada. Los cantones, en particular, gozan de una notable autonomía, con poderes legislativos, ejecutivos y judiciales propios, lo que les permite adaptar sus políticas a sus realidades locales, que pueden variar en función de factores culturales, lingüísticos y económicos.
La configuración federal responde también a la necesidad de equilibrar las diferencias entre las regiones lingüísticas y culturales de Suiza, que incluyen comunidades de habla alemana, francesa, italiana y romanche. Esta diversidad cultural y lingüística ha hecho imprescindible un sistema que promueva la cooperación y la coexistencia pacífica de estas comunidades dentro de un mismo marco nacional. La descentralización del poder en Suiza es un mecanismo para asegurar que todas las regiones tengan voz en la administración del país, respetando su idiosincrasia.
El Consejo Federal suizo es el órgano ejecutivo principal y está compuesto por siete miembros que representan a los principales partidos políticos del país. Esta representación política se basa en el principio de proporcionalidad, lo que asegura que las principales fuerzas políticas estén incluidas en el gobierno, independientemente de que estén en mayoría o minoría en el Parlamento. Cada miembro del Consejo tiene la responsabilidad de dirigir uno de los departamentos federales, pero las decisiones de gobierno se toman de manera conjunta.
El Consejo Federal no tiene un presidente en el sentido tradicional, sino que cuenta con un presidente rotativo, elegido anualmente entre sus miembros. Este presidente tiene funciones mayormente simbólicas, como representar al país en ceremonias oficiales o reuniones internacionales, pero no tiene más poder que los demás miembros en la toma de decisiones. El verdadero poder del Consejo Federal reside en su carácter colegiado, en el que todas las decisiones importantes se toman por consenso. Esta colegialidad evita la concentración de poder en una sola persona, característica típica de otros sistemas presidenciales o parlamentarios.
El principio de colegialidad es central en el funcionamiento del gobierno suizo. Cada miembro del Consejo Federal tiene el mismo peso en las deliberaciones, lo que implica que ninguna decisión puede tomarse sin la aprobación conjunta de todos o de la mayoría de sus miembros. Esto obliga a los consejeros a negociar y llegar a acuerdos, lo que a su vez fomenta un proceso político basado en el consenso. Este enfoque evita que las decisiones del gobierno se polaricen en torno a una figura fuerte o a una mayoría parlamentaria transitoria, proporcionando estabilidad al sistema político suizo.
El proceso de toma de decisiones en Suiza se caracteriza por ser deliberativo, lo que significa que los miembros del Consejo Federal deben escuchar y considerar los puntos de vista de sus colegas antes de llegar a una decisión. Este enfoque garantiza que las decisiones sean inclusivas y que reflejen un amplio espectro de opiniones. Además, fomenta una cultura política que prioriza el compromiso sobre la confrontación, minimizando así las tensiones entre los partidos políticos. A pesar de ser un sistema multipartidista, la colegialidad asegura que todos los actores políticos tengan una participación significativa en la gobernanza del país.
El Parlamento suizo, conocido como la Asamblea Federal, está compuesto por dos cámaras con igual poder: el Consejo Nacional y el Consejo de los Estados. El Consejo Nacional es una cámara que representa a la población en general y está compuesto por 200 miembros, distribuidos proporcionalmente a la población de los cantones. Por otro lado, el Consejo de los Estados representa a los cantones, y cada cantón tiene dos representantes, mientras que los semicantones tienen uno.
Ambas cámaras son responsables de la legislación federal, lo que significa que ninguna ley puede aprobarse sin el acuerdo de ambas. Esto asegura un equilibrio entre los intereses de las regiones más pobladas, representadas en el Consejo Nacional, y las regiones menos pobladas, que tienen una representación equitativa en el Consejo de los Estados. Este sistema bicameral evita que las decisiones políticas se inclinen demasiado hacia las regiones más grandes o hacia los intereses de un solo grupo, asegurando un equilibrio en la toma de decisiones a nivel nacional.
El sistema judicial suizo, encabezado por el Tribunal Federal, tiene un papel crucial en la garantía de los derechos constitucionales y en la resolución de disputas entre la Confederación, los cantones y los ciudadanos. El Tribunal Federal actúa como la última instancia en los litigios y se asegura de que las leyes y las acciones del gobierno sean compatibles con la Constitución. Este tribunal también tiene el poder de revisar las leyes aprobadas por el Parlamento para asegurar que no violen los principios constitucionales, lo que lo convierte en un actor clave en el sistema de pesos y contrapesos que garantiza la separación de poderes en Suiza.
Una de las razones por las cuales Suiza ha mantenido una estabilidad política notable es su enfoque en la democracia consensual. Al incluir a todos los principales partidos políticos en el gobierno y al tomar decisiones a través de un proceso de consenso, el sistema político suizo minimiza la polarización y las tensiones que podrían surgir de un enfoque mayoritario o de confrontación. En lugar de que una sola mayoría gobierne, el sistema suizo asegura que todas las perspectivas tengan voz en el gobierno, lo que crea una cultura de cooperación y compromiso.
El Modelo Colegiado Suizo ha servido de inspiración para otros sistemas, como el que José Batlle y Ordóñez propuso para Uruguay. Batlle quería implementar un sistema similar, pero con algunas diferencias notables. En Uruguay, la Junta de Gobierno habría estado compuesta por nueve miembros, en lugar de siete, y serían elegidos directamente por el pueblo, no por el Parlamento, como ocurre en Suiza. Además, los miembros de la Junta tendrían un mandato de nueve años, con la renovación anual de uno de sus miembros, lo que contrasta con el mandato de cuatro años de los miembros del Consejo Federal suizo.
Otra diferencia importante entre los dos sistemas es el alcance de los poderes ejecutivos. Mientras que la Junta de Batlle tendría amplios poderes ejecutivos, como la dirección del Ejército y el control de la administración general del país, el Consejo Federal suizo tiene un poder más limitado, tanto en alcance como en ejecución. Este órgano colegiado se centra principalmente en la dirección y coordinación del gobierno, pero sus decisiones están estrictamente ligadas a las competencias establecidas por la Asamblea Federal (el Parlamento suizo). Mientras que el Consejo Federal suizo es responsable de implementar y gestionar las políticas públicas y de proponer leyes, su poder está más circunscrito por los mecanismos de control legislativo y la Constitución. No tiene el mismo grado de control directo sobre el Ejército o la administración general del país que la Junta de Batlle, ya que Suiza pone un fuerte énfasis en la separación de poderes y en la descentralización.
El Consejo Federal también está limitado por su propia estructura colegiada, donde ninguna figura tiene poder decisivo. Las decisiones se toman de forma consensuada y cada miembro tiene un peso igual en el proceso de toma de decisiones. Esto asegura que ninguna decisión relevante se tome sin una negociación previa entre los diferentes miembros del Consejo, y que estas decisiones representen un acuerdo de todos los partidos políticos y regiones representadas. Así, el poder ejecutivo en Suiza es más fragmentado, orientado hacia la negociación y la búsqueda de consensos, lo que refuerza la estabilidad política, pero también limita la capacidad del Consejo de actuar de manera unilateral o concentrada.
El objetivo de Batlle con su propuesta era asegurar una representación proporcional de los intereses políticos y sociales en el gobierno. En este sentido, su idea se asemeja al sistema suizo, que también busca integrar diferentes sectores de la sociedad en el poder ejecutivo. Sin embargo, Batlle otorgaba mayor preeminencia a la representación directa del pueblo, lo que se refleja en el hecho de que la Junta de Gobierno estaría compuesta por miembros elegidos directamente por el electorado. Esto difiere del sistema suizo, donde los miembros del Consejo Federal son elegidos por la Asamblea Federal, lo que significa que el órgano ejecutivo refleja más directamente la correlación de fuerzas políticas en el Parlamento que la voluntad popular directa. El modelo suizo, al reflejar la proporcionalidad de los partidos en el Parlamento, garantiza una representación equitativa de las diferentes regiones lingüísticas y culturales del país, pero lo hace a través de la mediación parlamentaria.
El éxito del sistema suizo radica en su capacidad para integrar la diversidad de su población y mantener la estabilidad política mediante la colegialidad y el consenso. A través de un gobierno colegiado y descentralizado, Suiza ha logrado incluir las voces de diversas regiones, culturas y lenguas en la toma de decisiones gubernamentales. La colegialidad obliga a los miembros del Consejo Federal a negociar y a comprometerse, lo que minimiza las divisiones partidarias y promueve un enfoque inclusivo en la gobernanza.
Esta capacidad de integrar la diversidad y de evitar la concentración del poder en una figura o partido ha convertido al sistema suizo en un modelo atractivo para países que buscan estabilidad y representación equitativa. Sin embargo, no todos los intentos de replicar este modelo han tenido el mismo éxito, ya que su funcionamiento depende en gran medida de factores específicos, como el respeto profundo por la descentralización, la diversidad cultural y la cultura política del consenso que caracteriza a Suiza.
En la próxima entrega, analizaremos el sistema colegiado desde uno de los enfoques clave de la ciencia política: el enfoque ideacional de John L. Campbell. Este enfoque se centra en el papel crucial que desempeñan las ideas en el cambio institucional. Según Campbell, las ideas no solo facilitan, sino que también pueden restringir el cambio institucional. Pueden actuar de manera evolutiva, bloquear transformaciones o, en ciertos contextos, desencadenar cambios revolucionarios. Aplicaremos este marco teórico para explorar cómo las ideas detrás del sistema colegiado influyen en su adopción, evolución y éxito en diferentes contextos políticos.