Paris, foto de Jenna Ruddock
Ayer se conmemoró el «Día del Orgullo LGBTIQ+» en todos los países del mundo menos en 67 donde aún es un crimen pertenecer a ese colectivo y se establecen penas que van desde algunos meses de prisión hasta la muerte. Así es, y por más crudo y cruel que suene, son datos, no opiniones. Brunéi, Irán, Nigeria, Arabia Saudita, Mauritania y Yemen aún creen que la muerte es el «castigo legal» adecuado para quienes mantengan relaciones sexuales consentidas con personas de su mismo sexo. Mientras, en Afganistán, Qatar, Pakistán, Somalia y los Emiratos Árabes la pena de muerte también es aplicable a esta comunidad bajo la interpretación de las reglas islámicas.
De los 33 países de América Latina y el Caribe sólo en 9 las personas del mismo sexo pueden contraer matrimonio reconocido por el Estado y pocos protegen constitucionalmente a quienes integran esta mal llamada minoría. En algunos casos la ley ha acompañado el proceso de naturalización de la orientación sexual pero en materia de discriminación todavía falta mucho. En países como El Salvador, Honduras y Guatemala aún se suscitan hechos de violencia extrema, sobre todo con las personas trans.
«Vivir con miedo», así lo resalta un informe de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) que asegura que está ampliamente documentado que en todas las regiones del mundo las personas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+ son blanco de homicidios, violencia sexual y de género, agresiones físicas, maltrato y tortura, detenciones arbitrarias, acusaciones de conducta inmoral, «desviada» o «antinatural», y de limitación, restricción o exclusión en el goce de los derechos de reunión, expresión y de información, entre otros. En muchos casos las situaciones de violencia son tan graves que esas personas optan por huir de sus países buscando lugares donde poder desarrollar su vida de acuerdo a su identidad y orientación para finalmente poder vivir sinmiedo. La cantidad de solicitudes de asilo por estos motivos ha hecho replantear a la comunidad internacional sobre el flagelo que enfrentan muchas personas actualmente y, en virtud de esos datos, adoptar medidas de reconocimiento y protección de derechos a la comunidad LGBTIQ+.
Promover la tolerancia, denunciar y condenar el odio, practicar la empatía, educar y comprender que la identidad sexual no es algo optativo, son algunas de las claves para que estas situaciones dejen de existir y las personas puedan vivir su vida en plena libertad y con la protección legal inherente a todo ser humano. A diario vemos en las redes sociales que cientos de personas que aprovechándose de la impunidad que otorga agredir desde un dispositivo electrónico, expresan su odio y discriminación con gran violencia; por ejemplo, ayer la Asociación Uruguaya de Futbol (AUF) publicó en sus redes sociales su escudo con los colores de la diversidad y me detuve en algunos comentarios que quiero compartir con los lectores. «Cuidado salen PUTOS», «Murió el fútbol, que manera de estropear todo», «Que bajón, donde quedó la hombría de los futbolistas uruguayos?», «Perdónenlos Nasazzi, Obdulio… no saben lo que hacen». Apenas una muestra. . .
¿Es Uruguay un país donde no existe discriminación, homofobia y violencia? La respuesta es clara. No.
Nuestro país tiene fuertes problemas de discriminación, incitación al odio, repudio a la diversidad y violencia explícita contra las personas cuya identidad sexual no pertenece a lo «normal». Aunque lidere la protección de los derechos de la comunidad y la consagración de leyes que condenan penalmente todo acto de discriminación por identidad sexual, 7 de cada 10 personas LGBTIQ+ vivió alguna situación de discriminación, acoso o violencia laboral. Así lo revela la primera encuesta latinoamericana sobre diversidad sexual en el trabajo.
El camino es largo y al parecer cuesta arriba: se avanza a paso lento hacia una sociedad inclusiva y respetuosa de los demás.