Luis Lacalle Pou no tenía margen de maniobra: sea que pensase en los exministros Cardozo y Peña, sea que midiese las consecuencias de mantener a la exministra Moreira, los números no cerraban. Aunque la crisis fuese previsiblemente inminente.
Posiblemente la titular de la cartera de Vivienda no le había presentado hasta el momento la cantidad de problemas que el senador Manini Ríos —líder de Cabildo Abierto y marido de la ministra dimitida— ya se había encargado de plantearle en varias oportunidades. No, la crisis ministerial no tuvo nada que ver con los desencuentros originados en el perfil del militar retirado o de su partido; lo que Lacalle no podía dejar pasar fue un decisión desafortunada y contraria a los más elementales principios que informan la buena administración, aún cuando se la quiera justificar con un fin loable.
El Presidente actuó inteligentemente. Nadie dentro de los partidos que conforman el gobierno, ni el mismísimo Manini, le puede negar sus varios esfuerzos para lograr consensos y los resultados que los mismos han tenido en el interior de la Coalición; pero este caso no es sobre posiciones políticas, y la negociación pasaría de la mera capacidad componedora a la complicidad en una mala gestión. Esa conclusión ha de ser la de la mayoría de la ciudadanía que presta atención al desempeño del primer mandatario, máxime si se tiene en cuenta que los Partidos que integran la actual Administración no obedecen a una norma vinculante sino a la voluntad política de conformar un bloque de gobierno.
El uso discrecional de la facultad de otorgar viviendas no obedece a ningún criterio jurídico claro, ni a ninguna norma ética que justifique privilegiar a unas personas sobre otras; los ministros están para asegurar que los debidos procesos se cumplen, no interferir en ellos La calidad de la beneficiada en cuestión podrá ser comparativamente peor que la de muchos, pero la ventaja que supone saltearse el sorteo entre pares para acceder a un bien otorgado por el Estado es tan grande que nadie en su sano juicio podría pensar que el buen manejo de la cosa pública admite tamaño premio.
La decisión de la exministra fue torpe, para decir lo menos, pero no muy diferente a las torpezas que le han costado sus cargos a otros ministros de esta o anteriores administraciones. Ello nos habla, más allá del encuadre jurídico de la conducta de los protagonistas, de la liviandad decisoria de varios políticos nacionales que, en definitiva, creyeron más en la impunidad otorgada por el cargo que en sentirse obligados por la función superior que están llamados a desempeñar. Infelizmente, los uruguayos nos venimos acostumbrando a comprobar que la corrupción no consiste sólo en dañar las arcas del Estado, y a desear que la buena gobernanza tenga su base si no en la ética —que es lo normal— al menos en la inteligencia.
Lacalle ha demostrado, una vez más, que no es un político tonto. Seguramente con el diario del lunes (nunca mejor empleado el dicho, si nos atenemos a los plazos que se ha tomado el líder de Cabildo Abierto para decidir si permanece en la coalición gobernante), se sabrá si la decisión del Presidente fue la mejor o la única salida para la crisis del momento. Pero al momento de evaluar su acierto o error, concordemos que, además, el primer mandatario está pensando en el 2028.