En el país galo, el Senado dio su aprobación esta semana a un proyecto de ley que autoriza la activación a distancia de micrófonos y cámaras de dispositivos telefónicos en ciertas investigaciones, a pesar de la oposición de los partidos de izquierda.
El artículo 3 del proyecto de ley del ministro francés de Justicia, Eric Dupond-Moretti, introdujo varias modificaciones en el procedimiento penal. Uno de los cambios que ha causado preocupación entre la izquierda francesa, algunos partidos conservadores, los grupos de abogados y diversas asociaciones civiles, es la autorización para la activación remota de computadoras y otros dispositivos conectados, sin el conocimiento de las personas involucradas.
Esta medida tiene dos propósitos distintos. Por un lado, la geolocalización en tiempo real para ciertos delitos y, por otro lado, la activación de micrófonos y cámaras para la captación de sonido e imágenes, que estaría restringida a casos de terrorismo y delincuencia organizada.
El Observatorio de Libertades y del Mundo Digital (OLN) ha denunciado esta medida como un «exceso de seguridad» que convierte a cualquier dispositivo conectado en un posible «informante».
La izquierda ha intentado sin éxito eliminar total o parcialmente estas disposiciones consideradas «desproporcionadas». Según el ecologista Guy Benarroche, esto «abre la puerta a una vigilancia generalizada».
Los detractores y los que apoyan
Con una mayoría de 80 votos a favor y 24 en contra, el artículo 3 del proyecto de ley logró obtener la aprobación en la Asamblea Nacional, gracias al apoyo otorgado por los diputados de la bancada presidencial (Los Republicanos y Renaissance, el partido de Macron) y el Partido Socialista de tendencia centroizquierdista.
Los distintos bloques que conforman la coalición Nueva Unión Popular Ecologista y Social (Nupes), liderada por el comunista Jean-Luc Melénchon, manifestaron su rechazo a esta medida. La facción de derecha encabezada por Marine Le Pen también lo rechazó, aunque diversos senadores pertenecientes al partido de Le Pen, así como otros provenientes de agrupaciones centristas, anunciaron su intención de emitir un voto a favor de la ley, en respuesta a protestas y episodios de violencia que se han suscitado en París y otras ciudades del país.
En estos momentos, solo resta aguardar a que Macron sancione la ley en los próximos 156 días. Durante este tiempo, los parlamentarios que mantienen su oposición al proyecto pueden recurrir al Consejo Constitucional.
El ministro de Justicia Eric Dupond-Moretti destacó que estas técnicas ya se utilizan, pero requieren la instalación de dispositivos de rastreo, micrófonos y cámaras, lo que supone riesgos para los investigadores. Además, señaló que esta disposición está rodeada de garantías importantes. En particular, su aplicación deberá ser aprobada por un juez. “Estamos lejos del totalitarismo de ‘1984′”, dijo el ministro de Justicia, haciendo referencia a ‘1984′, la novela del autor inglés George Orwell que narraba las vicisitudes de una sociedad bajo vigilancia total. También subrayó: “La ley salvará la vida de muchas personas”.
Hay profesiones expresamente protegidas por el proyecto de ley, como los médicos, periodistas, abogados, jueces y miembros del parlamento.
Enmiendas
No obstante, el Senado adoptó una enmienda presentada por Bruno Retailleau, líder del partido Los Republicanos (LR) en el Senado francés, que limita la posibilidad de utilizar la geolocalización a los delitos castigados con al menos 10 años de prisión, en contraste con los cinco años del texto original.
Además del tema mencionado, el artículo 3 del proyecto de ley también contempla, entre otras medidas, la ampliación de los registros nocturnos para los delitos más graves.
Por otra parte, el Senado aprobó una enmienda propuesta por el gobierno que permite extender, bajo ciertas condiciones, los plazos de las investigaciones preliminares.