El escándalo de corrupción en la Intendencia de Artigas, que involucró al intendente departamental, Pablo Caram, y a la ex diputada Valentina Dos Santos, sacudió al sistema político, dejó señales positivas pero también muy negativas y la convicción que deben fortalecerse las instituciones y el control social contra este flagelo.
Por supuesto que lo más negativo radica en el hecho en sí, al caer dos autoridades electas por la ciudadanía en injustificables actos reñidos con sus cargos, al participar de un oscuro entramado de corrupción por el pago irregular de horas extras en la comuna por más de 100.000 pesos, lo que fue debidamente juzgado por la Justicia, que procesó sin prisión a los involucrados.
Pero muy negativo también lo fue la demora en presentar la renuncia por parte de Caram, concretada horas después que tuviera que pedírsela el candidato a presidente por el Partido Nacional, Alvaro Delgado.
Y como corolario de todo ello, las tristes declaraciones del diputado Emiliano Soravilla, quien ocupa ahora la banca de Dos Santos, de minimizar la situación, afirmar que la Agrupación Artigas Adelante, de los involucrados “seguirá adelante”, que la gestión de esos dirigentes “se ve, se nota” y que el respaldo popular a ese sector “representa a la mayoría del pueblo de Artigas”.
La liviandad de los comentarios anteriores y la falta de autocrítica, suenan como tambores en los oídos y no hacen más que recordar la manida frase tan citada de “roba pero hace”, que busca justificar lo injustificable y hacer una especie de canje en el cual el ciudadano se deja meter las manos en los bolsillos –porque los dineros públicos son de todos- a cambio de un poco de bienestar.
También preocupan aquellas voces desde el sistema político que se dan por satisfechos con la legislación actual contra la corrupción y hacen ver las dificultades para prevenir hechos este tipo de hechos dolosos, sin aportar demasiado a la solución.
Como aspectos positivos, aunque no logran tapar lo triste y grave de los episodios, cabe destacar que el caso saltó a la luz desde el propio sistema político, al ser denunciado por los ediles colorados de Artigas Daniel Argañaraz, Cecilia Umpierrez y Francisco Bandera.
Son positivas también las señales de muchos representantes políticos en cuanto a aplicar y adecuar la legislación que penalice los hechos de corrupción.
En tal sentido, el Partido Colorado apuntó que corresponde en este caso llevar adelante las acciones previstas en el artículo 25 de la Constitución contra los funcionarios condenados, a efectos de “resarcir a la Intendencia de Artigas del daño sufrido por su conducta ilegítima”.
Dicho artículo de la Carta Magna establece: “Cuando el daño haya sido causado por sus funcionarios, en ejercicio de sus funciones o en ocasión de ese ejercicio, en caso de haber obrado con culpa grave o dolo, el órgano público correspondiente podrá repetir contra ellos, lo que hubiere pagado en reparación”.
El Partido Colorado también reclama que se le de trámite al proyecto del fallecido senador de esa colectividad, Adrián Peña, sobre transparencia y obligatoriedad de concursos en el ingreso a la función pública en las intendencias y del diputado Conrado Rodríguez, referido a la suspensión y pérdida del derecho al cobro de subsidio previsto en el artículo 5 de la Ley 15.900 por delitos contra la administración pública y otros relacionados a la corrupción”.
El candidato a la vicepresidencia por el Partido Colorado, Robert Silva, propuso hace tres meses llevar a cabo un plebiscito para exigir que el ingreso de funcionarios a las intendencias se realice por concurso, lo que naufragó por la negativa del Partido Nacional y del Frente Amplio.
Por su parte, el diputado colorado Gustavo Zubía reclama que no se aplique el “acuerdo abreviado” para los casos de corrupción y que los involucrados cumplan prisión efectiva.
No caben dudas que después de estos episodios, ninguna medida legislativa o incluso constitucional está de más para prevenir y sancionar casos de corrupción, debiéndose también fortalecer en recursos y en su capacidad operativa a organismos de contralor como la JUTEP, Transparencia Pública.gub.uy, el Tribunal de Cuentas y la Corte Electoral.
Pero no sólo el contralor de los gobernantes debe quedar en manos de instituciones públicas, sino que el sector privado y la sociedad civil en general deben de tener un rol activo en la tarea de prevenir y denunciar hechos de corrupción.
Para eso es fundamental la aparición y el desarrollo de organizaciones como la Red Uruguaya de Ciudades Sustentables, uno de cuyos objetivos es la transparencia y el contralor de los gobernantes, el seguimiento de las políticas públicas y la participación ciudadana.
La corrupción nos golpea a todos como ciudadanos, menoscaba la democracia y la vida republicana y se transforma en un cáncer que nos carcome como sociedad, por lo tanto, está también en nosotros prevenirla y castigar a los responsables, no sólo inhabilitándolos por un tiempo como ya marca la ley, sino marginándolos definitivamente del sistema político.
