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Feito no Brasil
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Feito no Brasil

Hoy es un día memorable en Brasil: El Tribunal Superior Electoral (TSE) inhabilitó a Jair Bolsonaro, que por un período de 8 años no podrá presentarse a cargos electivos. Para la justicia el ex mandatario violó la ley electoral cuando tres meses antes de los comicios presidenciales  reunió a un conjunto de embajadores y denunció que el sistema de conteo de votos estaba programado en su contra. Sin pruebas, pero, eso sí, con mucha difusión.

La decisión no sorprendió a Bolsonaro que desde hace tiempo mantiene una confrontación con varios togados; previendo un fallo negativo ya había adelantado que no se presentaría en los próximos comicios. Para sus electores la justicia no es justa. Nihil novum sub sole.

Mientras tanto, muchos de los que hoy festejan la suerte de Bolsonaro son los mismos que hace unos años asistían con pesar al encarcelamiento de Luiz Inácio “Lula” da Silva, que, de igual modo, en aquella oportunidad esperaba un fallo adverso. Para sus partidarios en ese momento la justicia no fue justa. Nihil novum sub sole, al cuadrado. Aquel día también fue memorable en Brasil.

Lo que es difícil de entender es que a esta altura alguien crea en la Justicia brasileña. Con lo malo que eso es para la democracia, ¿no? Porque los líderes políticos por una razón u otra, y cuando la mano viene complicada, la denuestan. . . o la usan.

Tal vez sea que la credibilidad pasa por el lado de las ideologías fluctuantes, por un sistema político de funcionamiento perverso o por la lucha entre los tres Poderes, que, en Brasil, muchas veces es descarnada. O por todo ello junto.

Pruebas al canto: el tribunal que permitió el encierro de Lula fue el mismo que le abrió la puerta de su celda. Justo, justo, unos meses después que las relaciones entre los magistrados y Bolsonaro y sus bases electorales se tensaban. 

Marzo 2019: Alexandre Moraes, ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) prohibe la publicación de un artículo que nombraba a José Toffoli, un homólogo de esa corte en actos de corrupción. El polítologo y profesor de Derecho Conrado Hübner advertía (con Bolsonaro en la mente): “En un momento en el que necesitamos al poder judicial en general y al Supremo Tribunal en particular, para resistir ciertas intrusiones autoritarias, el Supremo Tribunal está en el lodo”. Y agregó, “se ha puesto a sí mismo en el centro de la polémica”.

Unos meses después, en noviembre de 2019 Lula era liberado.

En fin, que los mecanismos para elegir a los Jueces del máximo órgano de justicia de Brasil tampoco escapan a la lógica de su sistema político, los propone el presidente y los aprueba el senado. Botón de muestra: el magistrado Moraes; hoy: adalid de la democracia, ayer: Ministro de Justicia de Michel Temer, a quien le debe la toga de juez del Supremo Tribunal Federal y del Tribunal Superior Electoral. Sí, el mismo Moraes que prohibió el artículo prensa. . . y el mismo Temer a quien se acusó de darle un “golpe de Estado” a Dilma.

Acaba de publicarse la semana pasada el índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) 2023. En él se miden las condiciones legales y, dentro de éstas, la independencia del Poder Judicial y de la Fiscalía. El desempeño de Brasil es pobre: no llega al 5 de 10. 

El informe anota que “existen acontecimientos que pueden contrarrestar las mejoras en la lucha contra la corrupción. Entre ellos “la intención declarada del presidente Luiz Inácio Lula da Silva de no escoger al próximo fiscal general a partir de una lista presentada por la Asociación Nacional de Fiscales Públicos, una tradición que Bolsonaro tampoco siguió”

El panorama se complica por la convivencia de un presidente de izquierda con un congreso dominado por la derecha y dividido en no menos de 15 partidos. Ciertamente un desafío a la hora de lograr consensos en un marco de transparencia. ¿Se acuerdan del mensalao?

Según el CCC 2023, “el mayor retroceso de Brasil en cuanto a variables se dio en la calidad de los procesos legislativos y de gobierno. Aunque el Supremo Tribunal declaró inconstitucional la opaca práctica del “orçamento secreto” (presupuesto secreto), las negociaciones entre los poderes ejecutivo y legislativo siguen condicionadas a las prácticas del pork-barrel, es decir, el uso de recursos públicos en proyectos que tienen fines electorales.”

Pasando raya, lo que a veces es percibido como avances en la gobernanza no llega a cuajar. La mezcla de lo político y lo jurídico engendra demonios y —al cabo— la verdad queda a mitad de camino, desde donde puede ser “manejada” a antojo, a los tirones, con visos de confusa credibilidad. Lava Jato es un ejemplo triste. 

La investigación atrajo la atención del mundo entero y no escapó al análisis de The New York Times: “El juez que lideró la cruzada anticorrupción, Sergio Moro se convirtió en el símbolo de un movimiento que buscaba que los poderosos rindieran cuentas. Moro obtuvo recepciones dignas de una estrella de rock en apariciones en todo el país y su rostro engalanó camisetas y máscaras de carnaval” Se prometía recuperar miles de millones dólares y acabar con la corrupción de raíz.

Pero en 2019 con Lula preso y Bolsonaro desenfrenado, el portal Intercept Brasil publicitó conversaciones en que Moro y los fiscales de Lava Jato coordinaban acciones de la causa. El STF llegó a la conclusión que Moro no fue imparcial. No obstante, a pesar de las violaciones —intolerables y desgraciadas—a las normas del debido proceso, las investigaciones habían puesto al descubierto una trama de corrupción nauseabunda, propia de un país donde los contrastes tienen orígenes y destinos clarísimos. 

La magistrada del STF Carmen Lucía explicó que respecto del caso que terminó con Lula preso y luego libre «el entorno, el escenario y la comprensión que se tenía fue cambiando”. Pero aclaró que el juicio concierne una causa específica y no constituye una descalificación de Lava Jato, la operación que desde 2014 llevó a la cárcel a decenas de grandes empresarios y políticos de la mayoría de los partidos políticos.

Lo que vino a confirmar una lección que debió  aprenderse de la célebre operación anticorrupción Mani pulite (manos limpias) en Italia: la politización de una causa puede ser su fin. Y Sergio Moro, el otrora aplaudido líder de Lava Jato comprometió su credibilidad al aceptar el ministerio de Justicia ofrecido por Bolsonaro; sea por su obstinación, sea por su ambición, el ahora senador cayó en el entramado de la política y los logros reales de su intervención serán disimulados, cuando no negados.

Lo que sería una verdadera pena es que dentro de unos meses, o años, en medio de algún río revuelto,  Bolsonaro —ante la aparición de un mal mayor— no solo sea absuelto por algún tecnicismo procesal, sino que vuelva a ganar y, vaya uno a saber, se descubra que las máquinas de conteo de votos sí estaban adulteradas. 

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