Endeudamiento de las familias alcanzo a USD 9.700 millones y Cabildo Abierto se dispone a juntada de firmas
El endeudamiento de las familias uruguayas creció 6% en 2022 y alcanzó los USD 9.700 millones, según un informe de la consultora Exante, mientras Cabildo Abierto espera por estos días una solución legislativa al tema, que de no alcanzarse, implicará el lanzamiento de una campaña de recolección de firmas para impulsar las medidas a través de un plebiscito constitucional.
La gerente de Exante, Alicia Corcoll, explicó que del endeudamiento total, USD 3.400 millones corresponden al crédito hipotecario, mientras que los restantes USD 6.300 millones son por préstamos al consumo de diversa índole, incluidos los préstamos automotores, es decir, 60% del total.
Los créditos para la compra de vehículos crecieron 25%, frente a un crecimiento de sólo 2% en los créditos hipotecarios y 7% del resto de los créditos al consumo.
“Un crecimiento de 6% en términos reales es un aumento significativo, sobre todo considerando que la economía en su conjunto acumuló muy poco crecimiento si comparamos el cierre de 2022 con el cierre de 2021”, explicó Corcoll al presentar las cifras.
La economista consideró que la evolución del crédito, “ha sido realmente positiva, y eso de alguna forma confirma que el crédito a las familias está ayudando a sostener el consumo en el actual contexto poco dinámico”.
Más allá de la incidencia positiva del crédito en el consumo de las familias que señala Corcoll, el avance del mismo por encima de la evolución de la economía, unido a altas tasas de interés, lleva de alguna forma a que hoy haya 633.000 deudores incobrables, según cifras proporcionadas por el presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), Diego Labat.
Según datos del Monitor del Mercado de Crédito al Consumo de Pronto divulgado hace unos meses, el 69% de los uruguayos tenía algún tipo de endeudamiento vigente, sea un préstamo y/o tarjeta de crédito, mientras que el endeudamiento de las familias alcanza a 30% de sus ingresos anuales, de acuerdo al BCU.
El año pasado, el Clearing de informes presentó en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, un documento en el que se detalla que el 35% -unas 980.000 personas- de quienes están en la base de datos de su historial crediticio tiene un informe negativo al registrar un incumplimiento en el pago de sus deudas. Además, cuanto menores son los ingresos de las personas, mayor es la concentración de deuda total.
La doctora en Economía Graciela Sanroman, titular de la Cátedra de Econometría de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, sostiene que ya en 2016 un tercio de los hogares uruguayos debía endeudarse para comprar calzado, vestimenta e incluso alimentos. Aunque el 68% de las personas vulnerables tiene deudas por créditos al consumo, solo un 37% las tiene con los bancos y ese porcentaje desciende a 27% cuando se trata de los más pobres.
La problemática del endeudamiento de las familias llevó a Cabildo Abierto a presentar el 15 de mayo un proyecto de Ley –que introduce cambios a uno anterior- para encontrar una solución a la situación, el que carece de apoyos en el Parlamento, por lo que los encabezados por el senador Guido Manini Ríos lanzaron un ultimátum que podría disparar la recolección de firmas para una enmienda constitucional tan pronto como el 6 de julio.
La iniciativa prevé la posibilidad de reestructurar deudas para quienes tengan un inmueble que sea vivienda familiar cuyo valor no supere 1,6 millones de Unidades Indexadas (UI), alrededor de USD 240 mil, quien sólo tenga un vehículo cuyo valor de acuerdo al SUCIVE no sea superior a 150.000 UI, alrededor de USD 20.000, y quienes tengan ingresos anuales de unas 240.000 UI, unos USD 3.000 mensuales.
Por otra parte, el artículo 23 del proyecto establece topes máximos a las tasas de interés, tomando como base el interés que el Estado paga por conseguir su financiamiento, sea en moneda nacional o en dólares. Si es en moneda nacional, el límite será de cuatro veces el monto de la tasa de endeudamiento del Estado y si fuera en dólares será tres veces la tasa del Estado.
“Yo dudo que tenga sentido económico endeudar a las familias, que aumente el endeudamiento, con tasas que están en un nivel de 100% y 150% en pesos, y que en términos reales es mucho más que eso por la caída del dólar”, afirmó recientemente el director del Banco República (BROU) por Cabildo Abierto, Pablo Sitjar.
Una de las entidades que apoya la regulación de la usura es la Asociación de Magistrados del Uruguay, una de cuyas integrantes, Dora Szafir, dijo el año pasado en una comisión parlamentaria que los deudores “una vez que fallan en el pago de una cuota, por los intereses ya no pueden salir de la situación de deuda. Puso como ejemplo que una persona sacó en su momento un crédito de 30.000 pesos en 30 cuotas. Cuando apenas había cancelado tres, se desató la crisis de 2002 y ya no pudo pagar. Aplicados los intereses, esa persona que teóricamente debía 27.000 pesos, quedó debiendo 1.361.000 pesos.
También está el caso de Juan, quien al no poder alcanzar un pago mínimo en su estado de cuenta de 67.575 pesos, debió refinanciar una deuda total de 149.604 pesos con la tarjeta VISA-Santander en 48 cuotas mensuales de 6.200 pesos.
De acuerdo a la información que reportan las administradoras de crédito al BCU, en abril se otorgaron 570.000 nuevos préstamos por un total de 8.200 millones de pesos, con un promedio de 14.000 pesos por crédito a una tasa de 60%, por lo cual si estuviera vigente el proyecto de Cabildo Abierto, 52% de esos préstamos no se hubieran otorgado.
“El proyecto de Ley tiene un gran potencial para generar distorsiones en el mercado y que éstas generen efectos no deseados”, planteó a los senadores el asesor de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU), Aníbal Peluffo, ante la Comisión de Constitución y Legislación del Senado.
La senadora del Partido Nacional Carmen Asiaín, trabaja en conjunto con el gobierno para encontrar una propuesta alternativa a la de Cabildo Abierto, colectividad ésta que de no encontrarse una solución antes del 6 de julio, está dispuesta a recorrer el camino de la recolección de firmas para convocar a un plebiscito constitucional que lleve a incluir las reformas legales en materia de crédito en la Carta Magna,
En caso de apelarse a este recurso, el plazo para reunir las 270.000 rúbricas vence el 27 de abril de 2024.