Los exfuncionarios de la clausurada mutualista Casa de Galicia evalúan presentarse a juicio contra el Estado si el veto parcial del presidente Luis Lacalle Pou a la ley que le reconocía créditos laborales por 20 millones de dólares queda firme. El mandatario resolvió anular las disposiciones de la ley este viernes, luego de considerar aspectos de igualdad de los trabajadores, no obstante lo cual propuso una fórmula alternativa de cubrir los adeudos hasta 8 millones de dólares.
La posible iniciativa judicial fue confirmada a Subrayado (Canal 10) por quien representa a quienes tienen créditos contra Casa de Galicia, Flor Constanzo. «La mayoría de los extrabajadores tienen pensado realizarle juicio al Estado si no se nos da lo que corresponde».
Constanzo argumentó que “No es el dinero que el Ejecutivo entiende que nos tiene que dar, es el que nos corresponde, el que manda la Ley 16.690” y recordó que la norma legal indica que cuando un trabajador es despedido se le debe pagar hasta 105 mil Unidades Indexadas (UI).
Mientras tanto, desde el gobierno se insiste en que los exfuncionarios de la empresa de salud ya cobraron cerca de 24 millones de dólares por pagos de seguro de paro especial, de aportes del Fondo de Garantía de Créditos Laborales del Banco de Previsión Social y de lo distribuido por la Liga de Defensa Comercial luego de liquidada la empresa.
Dos de los senadores de la coalición de gobierno que votaron afirmativamente la ley –el nacionalista Sergio Botana y el cabildante Guillermo Domenech– confirmaron a los medios que tratarían de conseguir los votos para levantar la medida presidencial, en tanto, en la misma línea, el senador frenteamplista Mario Bergara anunció que la oposición también trabajará para lograr la mayoría especial necesaria.