Uruguay rediseñó su pasaporte: desde abril de 2025, el lugar de nacimiento dejó de figurar, en nombre de las normas técnicas de la OACI. ¿Nuevas normas? No. La norma es de 1980, y desde entonces ese dato es opcional. Sin embargo, incluso hoy, menos de diez países en todo el mundo emiten pasaportes sin esa información. Uruguay acaba de sumarse a ese reducido grupo.
La primera persona en recibir el nuevo pasaporte fue Gulnor Saratbekova, uruguaya naturalizada, originaria de Tayikistán. También es miembro del grupo STU (Somos Todos Uruguayos), que promueve eliminar la distinción legal entre ciudadanos naturales y naturalizados, con el objetivo de que todos los uruguayos tengan los mismos derechos, la misma identidad y el mismo reconocimiento nacional. Este grupo viene impulsando la reforma del pasaporte desde aproximadamente 2018.
Eliminar el dato del lugar de nacimiento debió formar parte de un plan estratégico: con negociaciones bilaterales previas, coordinación consular y un equipo técnico capaz. Pero el Ministerio optó por actuar como si Uruguay fuera Suiza y su pasaporte, incuestionable.
No estamos ante un mero detalle técnico, como intentan hacer creer. Se trata de un documento de viaje internacional, cuyo diseño debe ser cuidadosamente coordinado, especialmente con aquellos países que ya han demostrado no aceptar omisiones como la del lugar de nacimiento.
Uruguay optó por avanzar en solitario, sin acuerdos, sin preparación, sin medir consecuencias. Y ahora los resultados están a la vista: trámites trabados y humillaciones burocráticas.
Este episodio no solo expone la ausencia de una Cancillería funcional, sino también una cultura política que desprecia la planificación y aplaude la improvisación. El Frente Amplio ya nos tiene habituados a estos gestos grandilocuentes, cargados de simbolismo pero vacíos de ejecución. ¿De qué sirve proclamar la igualdad de derechos si se la aplica sin preparación, se la comunica de forma confusa y termina arrojando a miles de uruguayos a la incertidumbre de no saber si serán aceptados o rechazados en las fronteras de otros países?
Mientras los afectados reclaman soluciones, el canciller Lubetkin sonríe frente a las cámaras y repite que “no pasa nada”. Pero lo cierto es que el documento más importante del Estado se ha convertido en objeto de sospecha en varios países. Y lo más grave: no parece haber intención alguna de corregir el rumbo. No se reconocen errores ni se activan canales diplomáticos eficaces. Cuando los encargados de la política exterior desprecian la autocrítica y confunden soberanía con autismo diplomático, el resultado es este: un país aislado, ciudadanos confundidos y autoridades refugiadas en excusas técnicas.
Este escándalo no se resuelve con una nota verbal ni con un comunicado. Se resuelve con responsabilidad, planificación y verdad. Nada de eso ha demostrado el Ministerio de Relaciones Exteriores. Uruguay merece un servicio exterior que lo represente con profesionalismo, no con consignas. Y un canciller que anticipe los problemas, no que los niegue.
La diplomacia no es un teatro de gestos vacíos, sino el ejercicio riguroso de anticipar y desactivar conflictos antes de que exploten. Hoy, por la incompetencia —o la negligencia deliberada— de quienes debieron ejercer ese rol, Uruguay paga un precio alto en credibilidad y sus ciudadanos, una vez más, cargan con las consecuencias.
