La Cámara de Senadores rechazó el martes el tratamiento del proyecto de Ley de regulación de la eutanasia presentado por el diputado colorado Ope Pasquet, lo que constituye un retroceso en lo que significa una concepción republicana del funcionamiento parlamentario y una posición poco liberal de acuerdo a los ideales batllistas.
La moción para la consideración del tema el 13 de agosto fue votada por un único senador del Partido Colorado, Pablo Lanz, junto a los representantes del Frente Amplio, y en contra por tres senadores colorados y las bancadas del Partido Nacional y Cabildo Abierto, lo que hizo naufragar la iniciativa por 14 en 31 legisladores presentes.
Más allá de posiciones personales, cabe recordar que al menos desde el retorno a la democracia, el parlamento, para bien o para mal laudó en tema sensibles o controversiales para la sociedad, como lo fue la Ley de Caducidad en 1986, la Ley de Empresas Públicas en 1991, las reformas de la Seguridad Social de 1996 y 2023, o la LUC, también durante la administración actual.
La eutanasia, no debió ser la excepción, en cuanto significa nada más ni nada menos que la libertad de dejar en manos de cada individuo la forma y el momento de poner fin a una vida que por razones de salud ya no es digna ni soportable para esa persona ni para su familia.
Era de esperar que un tema de semejante trascendencia para el individuo fuera laudado por los representantes de la ciudadanía en favor o en contra del proyecto, pero que se resolviera al fin, ya que pronunciarse por las diferentes iniciativas legislativas es la función básica del Parlamento.
En el “trancazo” y postergación de la dilucidación, probablemente para la próxima legislatura –nadie tiene la seguridad que efectivamente así ocurra- no debieron interponerse consideraciones personales o eventuales presiones de organizaciones o corrientes de pensamiento conservador y menos eventuales presiones del gobierno.
Por cierto que no debieron prestar su voto por la negativa a la discusión, legisladores que se consideran batllistas, cuando José Batlle y Ordóñez detestaba tanto el sufrimiento humano como animal y sostenía que la vida valía la pena vivirla cuando se hacía con dignidad.
La negativa a la eutanasia basada solamente en creencias personales resulta poco y nada empático con aquellos que padecen sufrimientos físicos insoportables, de los cuales no están libres hoy o mañana quienes hoy se oponen o incluso sus propios familiares.
Por otra parte, un pronunciamiento parlamentario en regímenes como el uruguayo, donde están previstos mecanismos de democracia directa como los referéndums derogatorios, no significaba la última palabra, ya que siempre está la posibilidad de que el soberano enmiende o confirme una ley votada por sus representantes, lo que sucedió en cuatro ocasiones desde el retorno a la democracia.
El senador del Frente Amplio José Carlos Mahía, uno de los presentadores de la moción para proceder a la discusión, dijo que “creíamos que no podía seguir en la Comisión de Salud, luego del pronunciamiento de 17 delegaciones, sino que tenía que tratarse en el plenario de la Cámara”.
“No logramos tener éxito en un tema que no debería tener un corte político partidario, sino una cuestión que para mi es, desde el punto de vista de los derechos, algo muy importante”, subrayó Mahía.
En octubre del año pasado, la Cámara de Representantes aprobó con 57 votos a favor y 39 en contra el proyecto de Ley que busca regular la eutanasia, el que inmediatamente pasó a la Cámara de Senadores.
La iniciativa establece que el fallecimiento por eutanasia será considerado muerte natural y así constará en el certificado de defunción. El proceso dará inicio cuando la persona presente su petición de asistencia para morir ante un médico, quien le informará de los tratamientos disponibles, incluidos los cuidados paliativos.
Cuando el profesional considere que la persona cumple con condiciones de salud “crónicas, incurables e irreversibles”, el caso será presentado ante un segundo, o incluso un tercer médico en caso de no haber consenso en el diagnóstico.
Después, el paciente deberá reiterar su voluntad y, una vez hecho el procedimiento, el médico actuante deberá informar a las autoridades de salud pública, que fiscalizarán que se cumplió con lo estipulado en la ley.
La norma también incluye objeción de conciencia para médicos y demás personal sanitario.
La reglamentación o despenalización de la eutanasia genera grandes controversias en los países en los que se discute y más aún en aquellos en los que el gobierno interviene directamente para evitar que se lleve a cabo una “muerte asistida” o “desconexión de los soportes vitales”.
Por ejemplo, en Italia, Eluana Englaro, falleció en febrero de 2009 tras interrumpirse su alimentación e hidratación artificial, luego de permanecer 17 de sus 38 años en estado vegetativo por un accidente y simultáneamente al tratamiento en el parlamento de un muy polémico proyecto de Ley enviado por el primer ministro Silvio Berlusconi para prohibir dicho acto, al que se opuso el presidente Giorgio Napolitano.
La eutanasia está legalizada en nueve países del mundo: Países Bajos (2002), Bélgica (2002), Luxemburgo (2009), Canadá (2016), Colombia (2014), España (2021), Nueva Zelanda (2019), Portugal (2023) y Brasil (2023).
En Estados Unidos está autorizada en los estados de Oregon, California, Washington, Montana y Vermont, mientras que Australia extendió su legalización a todo su territorio por una ley del 28 de noviembre de 2023.
