Lo advertimos. Lo dijimos con números en la mano y con la convicción de quienes no se dejan encandilar por consignas ideológicas: abandonar el Proyecto Arazatí para refugiarse en el “capricho” de Casupá no solo era un error ambiental y técnico, sino que terminaría siendo un asalto al bolsillo de los uruguayos. Hoy, las noticias nos dan la razón de la forma más amarga: con un pedido de aumento de tarifas del 8,5% para enero y un endeudamiento externo que hipoteca el futuro de OSE.
El mito del “dinero fresco” y la trampa del crédito
El oficialismo celebró hace dos meses con bombos y platillos la aprobación de un préstamo de 130 millones de dólares de la CAF para la represa de Casupá.
Pero seamos claros: ese dinero no es un regalo. Es deuda pura y dura. Mientras el proyecto anterior buscaba una solución de fondo con participación privada —trasladando parte del riesgo al sector empresarial—, el modelo de Casupá carga todo el peso sobre las espaldas del Estado y, por ende, de Juan Pueblo.
Aquí surge la pregunta que el presidente de OSE no quiere responder: si el financiamiento para la obra “ya está asegurado” por un organismo internacional, ¿por qué necesitan castigar al contribuyente con un tarifazo por encima de la inflación?
La respuesta es indignante: están usando el bolsillo de la gente para cerrar los agujeros de una gestión que prefiere la ideología a la eficiencia. Es, lisa y llanamente, un impuesto al prejuicio.
El costo de un error estratégico
El libreto es de una coherencia alarmante en su ineficiencia. Primero, por un prejuicio contra la toma de agua del Río de la Plata, desechan una fuente inagotable.
Segundo, deciden enterrar millones en la cuenca del Santa Lucía, una fuente que si no está agotada es por lo menos vulnerable que ya nos dejó en crisis durante la última sequía.
Y tercero, cuando la realidad de los costos los golpea, le pasan la factura al ciudadano.
No solo estamos pagando más por el agua; estamos financiando el desmantelamiento de nuestro patrimonio. Casupá no solo es cara, es devastadora:
- Destrucción Ambiental: Inundará 3.600 hectáreas (frente a las 240 de Arazatí) y arrasará con 450 hectáreas de monte nativo.
- Desarraigo Humano: Desplazará a más de 100 familias de pequeños productores, condenándolos a la incertidumbre mientras el Instituto de Colonización mira para otro lado.
- Vulnerabilidad Hídrica: Nos vuelve a atar a una cuenca contaminada y dependiente de las lluvias en un mundo de cambio climático.
Un silencio que aturde
Es vergonzoso ver cómo el sindicato de OSE y los colectivos ambientalistas, que ayer rasgaban sus vestiduras por riesgos menores, hoy callan ante este tarifazo y ante el desastre ecológico inminente en Casupá. Su silencio es la prueba de que su preocupación no era el agua, sino el color político de quien firmaba los planos.
A diferencia de ellos, nosotros no podemos ni debemos callarnos. El aumento del 8,5% no es una fatalidad económica; es el costo de la soberbia política. Es el precio de haber preferido una represa que arrasa con todo antes que una solución moderna y segura.
Conclusión
El Uruguay no puede seguir siendo rehén de decisiones que ignoran la técnica y castigan el trabajo. Los productores de Casupá perderán sus tierras; el resto de los uruguayos perderemos poder adquisitivo en cada factura de OSE. Estamos ante el modelo del “yo gasto, tú pagas”: se toman fotos firmando créditos millonarios mientras el vecino mira con angustia su recibo de agua.
Lo dijimos y lo repetimos: Casupá es un desastre hídrico, humano y, ahora, un golpe de gracia financiero para el bolsillo de la gente.
agua potable que no se puede tomar si no se hierbe ,como se le puede decir potable ,