La controversia en torno a la estancia María Dolores expone un mal endémico de nuestra política: el sistema institucional volcado sobre sí mismo, en luchas intestinas que poco aportan a la ciudadania. La idea de comprar tierras para familias rurales encarna un noble ideal reformista, coherente con la inspiración de Batlle y Ordóñez que dio origen al Instituto de Colonización. Dotar de tierra al que quiera producir es, en esencia, empoderar al individuo y fortalecer el tejido social. En un Uruguay que envejece y se urbaniza, favorecer el relevo generacional en el campo es una inversión en futuro. ¿Cómo, entonces, terminamos discutiendo esto como si fuera un escándalo más, en vez de una política de Estado a perfeccionar en conjunto?
Lamentablemente, el tratamiento que se ha dado al tema refleja prioridades distorsionadas. La oposición olfateó la posibilidad de debilitar al gobierno exhibiendo un gasto millonario, y se lanzó con todo a catalogarlo de “despilfarro” antes de analizar sus méritos a largo plazo. Por su parte, el oficialismo –atrincherado en la defensa cerrada– minimiza cualquier falencia procedimental o de comunicación, cerrando filas de forma casi automática. En el fuego cruzado, la cuestión de fondo se empaña. Nos preguntamos: ¿cuántos ciudadanos entienden realmente de qué se trata esta inversión, más allá de la cifra astronómica que se les lanzó como baldazo de agua fría? Probablemente muy pocos. En cambio, lo que queda es la sensación de otro alboroto político más, con acusaciones de un lado y justificaciones del otro.
Mientras tanto, la población continúa siendo rehén de disputas estériles y narrativas contradictorias que no aportan claridad. Los tamberos ahogados por las deudas, los jóvenes que sueñan con un pedazo de tierra, los pueblos del interior que se apagan lentamente… Todos son testigos, una vez más, de un espectáculo donde se habla mucho sobre ellos, pero se decide poco y se hace aún menos por ellos. ¿Qué gana el productor lechero de Florida con que un senador y un ministro se insulten en el Parlamento? Al final del día, es probable que el ministro Fratti conserve su cargo gracias a la mayoría oficialista, y que el senador Da Silva obtenga algunos titulares ruidosos en la prensa. Pero la leche seguirá igual, las cuentas seguirán llegando a fin de mes y 16 familias –seleccionadas quién sabe cómo– tal vez reciban sus parcelas en medio de una tormenta política, en lugar de la certeza y el respaldo que deberían merecen.
Reclamamos honestidad y autocrítica de ambos lados. Si bien es cierto que sin inversión no hay desarrollo, US$ 32 millones es mucho dinero y es legítimo preguntar por cada centavo. El gobierno debió anticiparse y explicar con pelos y señales el porqué de la compra, buscar acuerdos amplios, asegurar absoluta transparencia en el proceso. La oposición debería reconocer que criticar por criticar, sin aportar alternativas, es irresponsable. Un debate constructivo habría girado en torno a cómo optimizar la inversión. Si 16 colonos son pocos y se puede ampliar el número, o si conviene asociarlos en cooperativa, o cómo atraer industrias lácteas a la zona– en lugar de anular la iniciativa. Pero se prefirió el camino del ring político.
Esta controversia nos deja lecciones. La primera es que la buena fe no basta: no alcanza con tener una buena intención política (repartir tierras) si no se la ejecuta con excelencia técnica y consenso. La segunda: la oposición constructiva es tan importante como el oficialismo responsable. Y la tercera: Uruguay necesita reencontrarse en políticas de Estado a largo plazo –como la colonización lo fue en su origen– donde los partidos compitan por mejorar las ideas, no por destruirlas mutuamente. Cuando las discursivas vacías y el cálculo electorero priman, el país se estanca. Cuando cada decisión se evalúa solo en clave de rédito político inmediato, el porvenir se hipoteca.
La novela de María Dolores debería cerrarse con un compromiso conjunto: adelante con la colonia, pero con controles, transparencia y participación de todos los actores. Que el ministro rinda cuentas y corrija rumbos si es necesario; que el senador opositor se siente a una mesa a aportar propuestas en vez de solo denunciar; que los colonos futuros sean parte de la conversación y no meros espectadores. Solo así esta inversión millonaria tendrá el sentido que se pregona: el de sembrar futuro. De lo contrario, seguiremos las —geniales pero al revés— disputas inconducentes, y el pueblo seguirá, como hoy, rehén de un sistema enfrascado en sí mismo. Es hora de romper ese molde y volver a pensar en el bien común, con la cabeza fría y la mirada larga. No importa qué partido reclame la razón: lo esencial es que las decisiones beneficien al pueblo, porque los gobernantes administran, pero quien verdaderamente manda es la ciudadanía.
