El ataque.a la casa de la Fiscal de Corte, Mónica Ferrero, trajo consigo un cúmulo de reacciones que, aunque previsibles, son buenas para el Estado de Derecho. El conjunto del sistema político mostró unidad en la condena del hecho, que comprendió la defensa a la institución que es un engranaje fundamental de la Justicia en sentido amplio, así como la solidaridad con la persona que ocupa la máxima jerarquía del organismo.
No obstante, lo anterior, aunque deseable y necesario, no es suficiente para la defensa de la institucionalidad nacional. El pretendido amedrentamiento a Ferrero es en sí mismo un desafío al Estado y, como tal ha de tomarse.
Desde hace años ya, se reconoce que “el terrorismo, la delincuencia organizada transnacional, el problema mundial de las drogas, la corrupción, el lavado de activos, el tráfico ilícito de armas y las conexiones entre ellos” son desafíos a la Seguridad de los Estados. Así lo enunciaba la “Declaración Sobre Seguridad en las Américas” de la OEA en octubre de 2003.
El problema, bien que se mire, es que a más de veinte años de tal declaración, con intentos de varios tipos por controlar los nuevos fenómenos que atacaban la integridad de los Estados, poco ha pasado. Y la escalada continúa: América es la región líder en indicadores de inseguridad, como lo demuestra la tasa de homicidios.
En Uruguay, por ejemplo, se llegó a justificar la legalización de la marihuana como una forma de combatir la criminalidad organizada. Fuego de artificio que no agregó nada a la situación, ni siquiera ser una buena razón para tal legalización, que podría ser justificable por muchas otras razones, menos esa. Las medidas contra la inseguridad requieren una mirada holística que va más allá de acciones puntuales como que esta que mencionamos.
Así, tampoco es suficiente la tan manida “mano dura”. Los fracasos de políticas públicas basadas en la pura represión, punición agravada o sistemas de encarcelamiento férreos a la larga no han dado resultado en los países donde han sido aplicados. Como bien lo demuestra la evidencia resultante del “endurecimiento” de las agencias de aplicación de la ley, sin mejoras en las formas de rehabilitación, no se producen mejoras con miradas hemipléjicas en el diseño de políticas y acciones.
Y, obviamente, poner las fichas exclusivamente en políticas sociales o, directamente, en el asistencialismo como una herramienta capaz de frenar la delincuencia, también ha probado ser un fracaso estrepitoso.
El problema, a nuestro parecer, es que el Estado para defenderse a sí mismo precisa que sus riesgos sean asumidos por la totalidad del el sistema político y que de una buena vez se deje de lado el fenómeno de la inseguridad como “botín de guerra” que un partido político utiliza contra otro para atraer para si los favores del electorado que —admitámoslo— vive aterrorizado y, por lo tanto, es presa fácil. Así estamos hace años y la cosa no mejora.
Este medio entiende que las únicas políticas públicas que podrían evitar actos como el que motivan este editorial, tienen que ser producto de la evidencia, de acuerdos políticos y, sobre todo, de encarar un tema multidimensional de forma equilibrada, en donde se reconozca que los esfuerzos son de largo aliento.
No habrá mejora si las fuerzas del orden no tienen el mejor de los conocimientos, si las cárceles lo único que hacen es ofrecer condiciones para una delincuencia endémica, si la educación no llega a los sectores más desfavorecidos, si no existen redes de contención para que quienes recuperan la libertad no vuelvan al redil que los llevó a la violencia. Podríamos seguir enumerando acciones que suponen políticas coordinadas de varios sectores del gobierno.
Porque, veamos: este episodio lamentable de la vulneración a la casa de la Fiscal de Corte y el tiempo que ha llevado determinar la identidad de los autores materiales e intelectuales demuestran que la inteligencia de las agencias de aplicación de la ley no estuvieron a la altura de la inteligencia de los perpetradores del atentado.
Y que desde las cárceles —si es que ha de admitirse la hipótesis de que la acción terrorista se gestó allí— es más posible dirigir acciones criminales que rehabilitar individuos. Y que los sicarios que explotaron la granada seguramente sean reincidentes, o personas con historial criminal, lo que demuestra las carencias de un sistema, tal como lo ha venido denunciando ad nauseam Juan Miguel Petit.
Ni que hablar que en medio de todo esto tenemos que se señalan como posibles actores personas cuyos orígenes sociales también denuncian todo lo que hay por hacer en ese campo, no desde el mero asistencialismo, sino desde la educación y la contención.
Da para más, pero si el Estado está desafiado, son los representantes del pueblo, a quien el electorado ha puesto para defenderlo, quienes tienen la responsabilidad de accionar. Ya no hay más lugar para las palabras bonitas, porque el Estado está en nosotros.