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El aborto y la razón colectiva
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El aborto y la razón colectiva

Durante una de las celebraciones del Día Internacional de la Mujer, el Presidente de la República [Gabriel Bóric] planteó la tesis de que el tema del aborto define las diferencias entre la izquierda y la derecha. La izquierda, dijo, pugna por ampliar el derecho del aborto teniendo como objetivo su legalización total, la derecha, en el lado opuesto, se opone a ello. Fin del análisis.

Los puntos de vista enfrentados respecto de la cuestión del derecho al aborto han sido expuestos ya tantas veces y muchas de ellas de manera tan clara, que no temería equivocarme si digo que ya está todo dicho. Y ese simple, simplísimo, planteamiento del Presidente lo corrobora, pues no abonó argumento nuevo alguno a favor de la posición que él defiende en ese debate ciudadano.

Sí fue novedosa, en cambio, su decisión de calificar de “izquierdistas” a quienes favorecen la ampliación de ese derecho hasta hacerlo total o “integral” y de “derechistas” a quienes se le oponen. Con ello aportó otro granito de arena a la polarización del país, en un debate que, hasta ahora, se había planteado con una significativa altura de miras. Eso quizás porque, como recordó el rector [de la Universidad Diego Portales, Carlos] Peña al comentar las afirmaciones del Presidente, la cuestión que se debate es de índole moral y por lo tanto se eleva sobre los problemas exclusivamente políticos o técnicos.

Lo que hizo el Presidente con su afirmación, en realidad, fue darle al tema un “empellón” digno de patio de recreo colegial y hacerlo caer, hasta revolcarse, en el terreno de la política. No por cierto de aquella política que constituye el mecanismo preferente de la democracia en su búsqueda de acuerdos, sino en la política que, no obstante que en sus discursos diga lo contrario, él mismo ha promovido y llevado a la práctica durante su mandato: la política del “nosotros” contra “ustedes”, de los “buenos” contra los “malos”. Una política, en consecuencia, que no acepta acuerdos sino sólo victorias o derrotas.

Así, pues, por designio presidencial, quienes tienen alguna opinión singular sobre ese tema o quienes buscan sin obcecarse avanzar en su comprensión y en la conciliación de los puntos de vista planteados, deberían abandonar esos esfuerzos por fútiles e inconducentes. En lugar de ello, si aceptan el dictum presidencial, deberían resignarse a abandonar su búsqueda y reconocerse en alguno de los polos en los que el Presidente parece dividir al mundo y quizás su propia vida. Deberían declararse izquierdistas y abogar por el “aborto integral” o declararse derechistas y dedicar su existencia a una cruzada en contra de cualquier tipo o circunstancia relativa al aborto.

O bien podrían rebelarse contra esa polarización a la que quieren llevarnos los extremos de la política –en particular el Presidente Boric en este caso– y mantenerse en una búsqueda inteligente de soluciones racionales a un problema que, justamente por ser de índole moral, no acepta victorias o derrotas, sino comprensión mutua y acuerdos prácticos.

Una actitud de este último tipo es la que yo mismo he defendido desde estas páginas virtuales, calificándola como “centralidad progresista”. ¿Es posible mantener esa actitud en este caso? Creo que nuestra propia experiencia como país demuestra que sí es posible, o que por lo menos lo era hasta antes de que la polarización política comenzara a anular las opciones que brinda la racionalidad. Veamos por qué.

Quienes debaten en torno a la posibilidad de la interrupción del embarazo como un derecho consagrado legalmente, lo hacen desde la perspectiva de dos derechos humanos que, en relación con esa posibilidad, entran en conflicto. Se trata, de una parte, del derecho a la vida, que los detractores de la interrupción voluntaria del embarazo plantean como existente no sólo en el que está por nacer sino -por lo menos algunos de ellos- incluso en el óvulo recién fecundado. El otro, es el derecho de las mujeres -como cualquier ser humano- de disponer de su propio cuerpo, del cual hace parte un feto humano o un óvulo fecundado. Ambos son derechos humanos y por lo tanto igualmente validados como expresión del progreso civilizatorio, pero la posibilidad de legalizar la interrupción voluntaria del embarazo o de penalizarla, significa, en términos contemporáneos, establecer la primacía de uno de ellos sobre el otro. De, por así decir, convertir a uno de esos derechos en “más importante” o “más valioso” que el otro.

Puesta en esos términos, la discusión, como está ocurriendo en el mundo entero, no tiene solución. Sería tanto como imponer un principio civilizatorio sobre otro, anulándolo. Sin embargo, como también está ocurriendo en el mundo entero y como ha ocurrido en nuestro país al aceptarse legalmente la posibilidad de interrumpir el embarazo en tres casos, sí es posible, sobre la base del raciocinio colectivo, encontrar soluciones que, sin satisfacer completamente a ninguna de las partes en el debate, permitan enriquecer la práctica de esos derechos sobre una base racional.

Y ello es posible porque las dos partes en ese debate tienen algo en común, pues aceptan que el argumento de la otra parte se basa en un principio que también es aceptado por ella: aceptan que ese principio es un derecho humano. De ahí que, una vez constatada la existencia de ese valor común y superior que está plasmado en el reconocimiento universal de los derechos humanos, se haga posible encontrar puntos de acuerdo, aunque ese acuerdo no recoja totalmente su propio planteamiento. De esa posibilidad, naturalmente, sólo se eximen los más recalcitrantes defensores de los dos puntos de vista, que no encontrarán siquiera algún grado mínimo de satisfacción en el acuerdo posible y preferirán dedicar sus vidas a recordar con nostalgia los tiempos del conflicto frontal, del “ellos” y el “nosotros”, de los “buenos” y los “malos”.

En Chile logramos un primer acuerdo con la actual legislación sobre la interrupción del embarazo. Quizás en años o décadas venideras, ese acuerdo nacional, expresado en una ley, sea superado por otra ley que amplíe las causales que permitan esa interrupción o por una que legalice completamente el aborto. O quizás nada de eso ocurra. Todo dependerá de la evolución de nuestro raciocinio colectivo. Un raciocinio colectivo que sólo es posible elaborar cuando las partes se aceptan y dialogan, no cuando se refugian en extremos irreconciliables como nos ha propuesto el Presidente Boric.

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