Mientras el sistema político debate estructuras que parecen rendir culto a dogmas del pasado, Uruguay corre el riesgo de crear una nueva “república independiente”. ¿Es posible una Universidad de la Educación moderna que rinda cuentas al ciudadano que la financia, o estamos condenados a replicar el modelo de la Ley de 1958, donde la autonomía se confunde con el aislamiento?
El reciente envío al Parlamento del proyecto para crear la Universidad de la Educación (UnED) ha reabierto en Uruguay un debate sobre cómo debe gobernarse el conocimiento público. Mientras el oficialismo busca consolidar una estructura universitaria para la formación docente (ente autónomo con cogobierno), el país observa con escepticismo si estamos ante el nacimiento de una institución ágil y necesaria o ante la simple clonación de un modelo que muchos consideran agotado.
El fantasma de la Universidad de la República (Udelar) y su Ley Orgánica de 1958 sobrevuela cada párrafo del proyecto. Bajo el escudo de una “autonomía” que a menudo deriva en autismo institucional, la Udelar se ha convertido para muchos en un gigante ineficiente, gobernado por un sistema de cogobierno que prioriza la política interna y los intereses gremiales sobre las demandas reales de una sociedad que la financia íntegramente con sus impuestos.
¿Es sensato replicar este esquema endogámico en la nueva formación docente? El riesgo es claro: crear una universidad que nazca de espaldas al país, protegida por una muralla burocrática donde el ciudadano que paga el IVA de los productos básicos que consume no tiene voz ni voto sobre hacia dónde debe dirigirse la educación de sus maestros.
Frente a este modelo de “estatismo cerrado”, surgen alternativas exitosas en el mundo y algunas locales olvidadas, como el primer INET, que demuestran que la excelencia pedagógica no requiere necesariamente de estructuras pesadas, sino de una apertura real al conocimiento profesional y a la rendición de cuentas.
El verdadero conflicto no es solo administrativo, es de soberanía. Al replicar el modelo de la Udelar, corremos el riesgo de institucionalizar una “república dentro de otra república”; una suerte de Estado Vaticano académico que opera en el corazón de la administración pública pero con sus propias reglas, sus propios intereses y una desconexión casi total con el proyecto de país.
Bajo este esquema, la autonomía deja de ser una garantía de libertad de cátedra para convertirse en un mecanismo de aislamiento. Este sistema fomenta una cooptación interna donde el poder se recicla entre los mismos actores de siempre, asegurándose de que nada cambie para que el poder no se diluya.
Hasta ahora, la discusión parece reducirse a una cuestión formal de estructuras que rinden culto a la “autonomía y el cogobierno” como si se tratara de un acto de fe o un dogma religioso incuestionable.
Se debate quién manda y cómo se protege la institución, pero no se dice nada sobre la cuestión central: cuál es el mejor modelo de formación docente adaptado a la realidad actual. Se ignora la posibilidad de avanzar hacia ejemplos exitosos y avanzados, como el de Finlandia, donde la docencia es una especialización de excelencia basada en saberes disciplinares sólidos y previos, y no una carrera aislada del resto del mundo científico y profesional.
La creación de una Universidad de la Educación no debería ser un acto de nostalgia legislativa ni un tributo a un modelo de gobernanza que ya muestra signos evidentes de fatiga.
Si el objetivo es realmente jerarquizar la profesión docente, el camino no es otorgar un título universitario bajo el amparo de una estructura que se autopercibe como una isla soberana. La verdadera jerarquización surge de la apertura, de la competencia técnica y de la capacidad de integrar los saberes del país productivo en el aula.
Uruguay se debe un debate honesto que trascienda las etiquetas. No podemos permitir que, en nombre de una autonomía mal entendida, se termine gestando otra institución cerrada, propensa a la cooptación y blindada contra el control ciudadano.
El Parlamento tiene ante sí la oportunidad de diseñar algo nuevo: una universidad pública moderna, que rinda cuentas de sus resultados y que no tema mirar hacia afuera.
Si el resultado de este proceso es simplemente una nueva “república independiente” que le dé la espalda a la sociedad que la sustenta, habremos perdido una oportunidad histórica.
El país no necesita más estructuras anquilosadas propias del siglo pasado; necesita docentes formados para el siglo XXI, en una institución que sea, por fin, de todos los uruguayos y no solo de quienes la gobiernan.
