La posibilidad de que ANTEL compita en una licitación de los derechos de televisación del fútbol uruguayo, generó controversias en el propio gobierno y en la oposición y puso sobre la mesa el rol de las empresas públicas, que deben actuar sin ataduras para definir sus negocios.
La polémica surgió a partir de las diferencias económicas entre la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y Tenfield por los derechos hasta 2029 y la propuesta del vicepresidente de ANTEL, Pablo Alvarez, de que el ente podría pugnar por ellos.
Los ecos no se hicieron esperar, tanto a favor como en contra, con la vicepresidenta Carolina Cosse que en una primera instancia respaldó la iniciativa y el presidente Yamandú Orsi que le bajó el pulgar, al señalar que debe tratarse de un negocio “entre privados”, afirmación que sobre el vieres hizo cambiar de opinión a la ex presidenta del ente.
No son pocos quienes sostienen que algunos negocios deben de quedar exclusivamente en manos privadas, pero al mismo tiempo reclaman que las empresas públicas compitan.
En el caso de la telefonía y dentro de este negocio, cada vez se torna más importante la transmisión de datos y contenidos y pierden participación las llamadas y mensajería de texto.
Ya desde al menos dos décadas, las empresas telefónicas o conglomerados internacionales de comunicaciones, han buscado integrar la telefonía, Internet y los contenidos, algunas con éxitos y otras con fracasos.
Es así como AOL se fusionó con Time Warner en el 2000 y unos meses después la francesa Vivendi -propietaria de las telefónicas SFR y Cegetel-, compró los estudios Universal, entonces en manos de Seagram, y Canal+, a los efectos de concretar una triple fusión que potenciara los contenidos.
Y esos negocios fueron para obtener producción audiovisual y controlar derechos sobre películas, series, deportes, música y videojuegos.
Hoy, NBC Universal, está precisamente en manos de una compañía telefónica, Comcast, y hasta no hace mucho tiempo la histórica AT&T era propietaria de Warner Entertainment, casa matriz de CNN, TNT, HBO, Cinemax y los estudios Warner, New Line Cinema y Castle Rock, ahora marcas fusionadas bajo el nombre de Warner Discovery Communications.
Por supuesto, que las empresas mencionadas transmiten todo tipo de deportes, desde los más tradicionales hasta los relativamente nuevos, como las peleas de MMA, y no sólo nadie cuestiona que lo hagan, sino que las acciones de las empresas bajan con fuerza en la bolsa cuando pierden o peligra la renovación de esos derechos de televisación.
Es decir, que si ANTEL está en una competencia dura con Movistar y Claro por la retención y crecimiento de clientes, es fundamental que mejore la oferta en materia de contenidos para ellos, dentro de lo cual estaría, por que no, el fútbol, ya ofrecido a través de ANTEL TV durante el último mundial.
Y nada tiene que ver en esto el populismo, el kirchnerismo, el “Fútbol para todos” o la transmisión de partidos gratis, sino que es un servicio que ANTEL eventualmente cobraría en sus paquetes.
Creemos firmemente en que las empresas públicas tienen que estar en competencia, bajo un marco regulatorio adecuado, pero esa competencia debe ser una calle de ida y vuelta, es decir empresas privadas compitiendo con las públicas, pero también las públicas compitiendo con las privadas.
Lo dicho, no es ni más ni menos que el Banco de la República y el Hipotecario del Uruguay (BHU) en competencia con la banca privada o el Banco de Seguros del Estado (BSE) ofreciendo su amplia gama de seguros frente a aseguradoras nacionales e internacionales.
¿Por qué entonces no preparar a ANCAP para desmonopolizar sus negocios, pero regulando al mismo tiempo un mercado pequeño, donde a su vez las petroleras tendrán que enfrentar el nuevo paradigma de los automóviles eléctricos?
ANCAP y UTE ya comparten desde hace algunos años la “Ruta Eléctrica”, una red de cargadores para automóviles a batería e incluso el año pasado, autoridades de ambos organismos se refirieron a una posible fusión de estos entes en el futuro, para dar nacimiento a una gran y única empresa energética.
También será fundamental la participación de ANCAP, luego de una primera negativa del directorio del ente que llevó a la renuncia de su entonces presidente, Alejandro Stipanicic, en la producción de hidrógeno verde junto a HIF Global, lo que requerirá una inversión de USD 6.000 millones, la mayor en la historia del país.
Lo mismo con los ferrocarriles, un medio de transporte económico y no contaminante, que lamentablemente en las tres últimas décadas -excepto por el tren de UPM- se lo llevó a la agonía, pero que en un país de las dimensiones de Uruguay puede competir perfectamente tanto en la modalidad de carga como de pasajeros.
Es fundamental entonces dejar que cada empresa pública defina con independencia su estrategia de negocios y decida en base a sus números y posicionamiento, cómo y de que forma compite.
Dentro de estas consideraciones, es preciso que los entes autónomos vuelquen sus ganancias a rebajas de tarifas y mejora de los servicios, en lugar de volcar esos recursos a Rentas Generales.
Por ejemplo ANTEL, vertió a Rentas Generales USD 171 millones en 2024, cuando se podría haber utilizado esos recursos en inversiones y mejor accesibilidad a los servicios.
En tal sentido, el BHU anunció que utilizará sus ganancias -USD 3 millones en lo que va del año- para mejorar el acceso a los créditos y financiar hasta el 95% del valor de las viviendas, frente al 80% actual.
En suma, debe dejarse actuar a las empresas públicas con autonomía para definir sus negocios, con la menor intromisión posible de los actores del gobierno y que éstas se mantengan como un motor de desarrollo para el país, en competencia de igual a igual con el sector privado que posibiliten en definitiva el acceso universal y a costos razonables de sus servicios.