La semana pasada, el teniente Nelson Duarte sacudió los cimientos del Ejército al revelar en una entrevista televisiva en el programa Desayunos Informales de Canal 12, una serie de denuncias sobre irregularidades que viene señalando desde el 2014. Sin embargo, la reacción del Ministerio de Defensa fue rápida y sorprendente: lo sancionaron con 30 días de arresto a rigor ¿curioso, no?
Lo curioso de esta situación es la celeridad con la que se actuó para sancionar a Duarte, en contraste con la lentitud en investigar las denuncias de irregularidades en el seno del Ejército. Desde que Duarte comenzó a señalar estas irregularidades en 2014, ha sido sancionado una y otra vez, mientras que los presuntos responsables de estos actos continúan ejerciendo sus funciones como si nada hubiese pasado ¿raro, no?
La abogada de Duarte, Virginia Martínez, ha hecho hincapié en las condiciones en las que se encuentra su cliente desde que elevó las denuncias: sin ropa ni artículos de higiene personal, mientras que aquellos denunciados siguen trabajando sin problemas. Esta situación plantea graves interrogantes sobre la justicia dentro del Ejército y serias suspicacias respecto a la cartera del Ministerio de Defensa.
Entre las denuncias de Duarte se encuentran el uso de personal del Ejército para trabajos no relacionados con su función, como la instalación de piscinas, el contrabando de whisky en vehículos oficiales, trabajos de carpintería para empresas privadas y el manejo irregular de combustible.
En una de sus acusaciones se cursó una investigación administrativa, pero con la peculiaridad de un giro sorprendente, el general Marcelo Pose, quien lideró una de estas investigaciones, es el mismo que era jefe del Comando de Apoyo Logístico del Ejército, la misma persona encargada de la dependencia denunciada, quien además al momento de tomarle declaración a Duarte le señaló que tuviese “cuidado a quién involucra, no sea cosa que involucre gente que no quiere involucrar” ¿peculiar, no?
Otro caso similar es el del suboficial de la Armada Roque Mendiola, quien desde 2017 ha denunciado delitos de estafa y corrupción dentro del Ejército. A pesar de que sus denuncias han resultado en la condena de dos militares, Mendiola ha sido sancionado y arrestado en reiteradas ocasiones, y fue relegado a una oficina abandonada en Baygorria, Durazno, donde ni siquiera tiene teléfono.
La repetición de un patrón alarmante se hace evidente: aquellos que tienen el coraje de denunciar y señalar las irregularidades, es decir, lo que está mal en el sistema, son castigados y penalizados con métodos arcaicos, como el arresto a rigor. ¿Hasta cuándo permitiremos que estas prácticas que atentan contra la dignidad humana sigan vigentes?
¡Que fácil es rasgarse las vestiduras con países con ausencia de democracia mientras que en el nuestro jugamos a las escondidas y la tapadita! ¿La indignación en cuanto a derechos humanos es solo una cuestión oportuna y circunstancial?
¿No ha llegado el momento de proyectar y diseñar unas nuevas Fuerzas Armadas, libres de prácticas que agreden y violan los derechos humanos? ¿Acaso no es hora de dejar de mirar hacia otro lado frente a estas graves denuncias de irregularidades?
Todo esto nos lleva a preguntarnos, ¿dónde está el Ministro? ¿Dónde está Javier García? Mientras tanto, seguimos evitando enfrentar la realidad, castigando a quienes tienen el valor de denunciar lo que debe ser denunciado. Mientras tanto, el silencio ensordece.