Un informe del Relator Especial sobre el derecho al agua potable Pedro Arrojo Agudo referido a la crisis hídrica en el país generó una reacción negativa en el gobierno uruguayo. Ayer el Secretario de la Presidencia, Alvaro Delgado recibió en su despacho al representante del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Alberto Pacheco y al Jefe de la Oficina del Coordinador Residente Gustavo de Armas para tratar el documento redactado en Ginebra.
El informe, hace un llamamiento a «profundizar” medidas para garantizar el acceso del agua a la población, pero no incluye el análisis de las medidas tomadas a esos efectos, como subvencionar dos litros de agua por día a los sectores más vulnerables de la población. Asimismo, el documento afirma que desde la salud pública uruguaya se recomendó la compra de agua embotellada, lo que acarrearía «un riesgo de privatización de facto del agua para el consumo humano». El gobierno uruguayo estima que el informe es parcial.
De acuerdo a fuentes de la presidencia los funcionarios internacionales manifestaron que faltó coordinación entre la oficina de Naciones Unidas en Uruguay –que no participó del informe elaborado en Suiza– y el grupo de trabajo redactor.
Por su parte, la Cancillería uruguaya respondió con un comunicado por las «inexactitudes» del informe.
