Quedó firme este jueves la imputación al exsenador nacionalista Gustavo Penades por 22 delitos de abuso sexual a menores, recaída el martes 10 de octubre . Así lo determinó el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 4º, que confirmó el fallo de la jueza Marcela Vargas.La decisión del tribunal también ratificó el fallo de imputación al docente Sebastian Mauvezín, a quien se formalizó por siete delitos de contribución a la explotación sexual de menores de edad. En su decisión del 10 de octubre la jueza Vargas había dispuesto medidas cautelares para ambos imputados, las cuales fueron confirmadas por el tribunal.

En cumplimiento de las medidas cautelares de prevención preventiva, el exlegislador estará recluido por 180 días en la cárcel de Florida, mientras que Mauvezín cumplirá el mismo lapso de encierro en la prisión de Minas. Además, el fallo de la jueza Vargas había dispuesto embargos genéricos a ambos imputados: por 25 millones de pesos a Penadés y por 3 millones al docente.

La defensa de Penadés solicitó que los 180 días de prisión fueran cumplidos en el domicilio del exlegislador aduciendo problemas de salud, lo cual no fue aceptado por la Justicia, que dispuso que el confinamiento se cumpliera en el centro de reclusión de Florida.

Como una derivación del caso el mismo día de la imputación fue detenido a instancias de la fiscal Alicia Ghione el funcionario del Instituto Nacional de  Rehabilitación (INR) Carlos Tarocco, quien presuntamente colaboró con Penadés para concretar la teoría del caso del imputado, investigando a una de las víctimas en actuaciones fuera de la ley.

Una intervención telefónica judicialmente aprobada, publicada por El Observador días atrás, sugiere que una funcionaria de la Corte Electoral recababa información de una persona para darle a Penadés, aunque no se establece si era de uno de los denunciantes. La intervención telefónica fue solicitada para escuchar a personas que comparecieron en sede judicial.

Pocas horas después de la imputación de Penadés, los letrados Javier Vega y Francisco que llevaron la defensa del exlegislador desde el inicio de la causa, renunciaron a su patrocinio, que fue asumido  este jueves por  Laura Robatto y Homero Guerrero (ex secretario de la Presidencia durante el gobierno de Mujica).