La estructura del Estado en lo que hace al gabinete ministerial y a las empresas públicas, permanecerá sin mayores cambios si Alvaro Delgado alcanza la presidencia el 24 de noviembre, de acuerdo al programa de la Coalición Republicana “Gobernar Entre Todos”, que se dio a conocer días pasados.
El diputado electo por el Partido Colorado y ex presidente de ANTEL, Gabriel Gurméndez, dijo a El Día que en los lineamientos de un nuevo gobierno del oficialismo, se confirmó la creación del Ministerio de Justicia, pero no será eliminado el de Vivienda.
Esta supresión, incluida en el programa colorado, no contaba con el aval del senador electo y líder de Vamos Uruguay, Pedro Bordaberry, quien había solicitado, aunque sin eco, dejar sin efecto la misma.
La fusión del Ministerio de Vivienda con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), era impulsada entre otros por los precandidatos presidenciales colorados Gurméndez y Robert Silva, ex presidente del CODICEN.
La creación del Ministerio de Justicia, cuestionada también por Bordaberry y el también electo senador por el Partido Colorado, Gustavo Zubía, responde básicamente a la necesidad de transformar el Instituto Nacional de Rehabilitación en un Servicio Descentralizado que se vincularía con el Poder Ejecutivo a través de la nueva cartera.
Otro organismo a crearse es una Secretaría de Discapacidad que funcionará en la órbita de la Presidencia de la República, de acuerdo a la prioridad que se le dio a esta problemática, junto a la salud mental, para cuya atención se construirán 25 centros especializados.
En materia de reforma del Estado, también quedó afuera del programa una propuesta del Partido Nacional para reducir 1% anual la cantidad de funcionarios públicos hasta llegar a una cifra de 15.000 empleados menos al finalizar el período de gobierno.
En cambio, primó la propuesta del Partido Colorado de no reponer vacantes, sin hablar de cifras concretas, para hacer más hincapié en el rumbo que en el número.
Asimismo, quedó de lado una iniciativa del Partido Nacional para implementar la libertad de importación de combustibles y las medidas necesarias para que exista una competencia con los derivados nacionales.
En el documento programático de la Coalición hacia el ballotage del próximo 24, se acordó “profundizar el trabajo y comercialización de combustibles de forma de lograr una reducción del precio al público a través de las ganancias de eficiencia en cada etapa de la cadena”.
Gurméndez admitió que era proclive a liberalizar la importación de combustibles y que hubiera competencia en la distribución entre los distintos sellos, pudiendo incluso, vender los refinados con precios diferenciados, tal como ocurre por ejemplo en Estados Unidos.
El acuerdo programático no hace referencia a posibles fusiones de empresas públicas como es el caso del Banco República con el Hipotecario o ANCAP con UTE, una discusión que había comenzado a ponerse sobre la mesa este año, tanto en el ámbito técnico como en el político.
Gurméndez, quien es partidario de ambas, dijo que estas propuestas difícilmente se puedan concretar con una mayoría del Frente Amplio en el Senado.
Por otra parte, destacó que se prevé la apertura de parte del capital de las subsidiarias de las empresas públicas para su cotización en el mercado de valores, posibilidad que ya estaba contemplada en la Ley de Urgente Consideración (LUC) y hasta el momento no se llevó a cabo.
