La cámara baja brasileña, dominada por el bolsonarismo y diputados de derecha, aprobó el proyecto que limita demarcación de tierras indígenas
Desde el nacimiento del país, la propiedad de la tierra en Brasil es un asunto que suscita polémica. Intereses infinitos han influido en la cuestión. La actualidad parece no alejarse tanto del escenario de cuando Pedro Álvares Cabral pisó por primera vez tierra brasileña el 22 de abril de 1500. Ya en aquél momento, la disyuntiva se limitó a una cuestión: los blancos portugueses tomando el territorio de los indios.
La propiedad de las tierras en Brasil sigue hoy en un conflicto, reconfigurado a lo largo del tiempo, que enfrenta a dos bandos:
Por un lado, uno extractivista, que defiende la destrucción de la Amazonia a favor de su explotación económica a través de la deforestación, la ganadería, la agricultura y la minería en zonas protegidas (hoy ilegal, pero que buscan que sea legal). Este grupo está representado políticamente por los parlamentarios apoyadores de Bolsonaro y figuras de la derecha conservadora. No es casual que líderes garimpeiros, mineros ilegales que extraen oro de territorios indígenas, sean figuras de destaque en la actualidad de las filas bolsonaritas (incluso, en muchos casos, candidatos a Prefectos en zonas amazónicas).
Tampoco es casual el aumento consecutivo y vertiginoso de la deforestación amazónica en los cuatro años del gobierno Bolsonaro, a la vez que se encajonaban las denuncias de organismos de medioambiente por contaminación de ríos con mercurio, un metal líquido tóxico utilizado por los garimpeiros para minar oro en los ríos. Hoy, la tragedia (o genocidio) del pueblo Yanomami es la máxima expresión humana de estas políticas, con al menos 570 niños muertos por desnutrición y malaria, o cientos de indígenas muertos por enfermedades derivadas de la contaminación de los ríos. También la existencia de miles de desplazados, producto de la creación de grandes extensiones contaminadas por el garimpo. Todos los detalles de este caso llegaron a conocimiento público luego de la asunción del presidente Luiz Inácio Lula Da Silva en Febrero de 2023.
No es fortuito que el Bolsonaro, incluso, haya propuesto enviar tropas militares para ayudar a los garimpeiros en algunas regiones del país. En palabras del propio ex-presidente, luego de recibir en el Palacio de Planalto a los principales líderes garimpeiros del estado de Pará: “Hay que buscar una solución al garimpo”. De hecho, Bolsonaro otorgó títulos de propiedad a garimpeiros dentro de zonas protegidas. Y, como dato curioso, Bolsonaro y su padre practicaron el garimpo ilegal “durante un tiempo”, según manifestó a la prensa.
Dentro de este bando conviven también enemigos. Las tierras amazónicas son permanentemente disputadas por comerciantes, políticos y garimpeiros patrocinados por empresas mineras legales. No parece casual que la destrucción amazónica empeore desde 1972, a partir de la construcción de la carretera Tranamazónica por parte de la última dictadura militar, que abrió las puertas de la Amazonia a todo el Brasil. Tampoco que un sector importante de la política brasileña busque restringir las áreas protegidas desde entonces.
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Un ejemplo de los efectos del Garimpo en la deforestación del Amazonas
Por otro lado, existe un bando conservacionista, que defiende la demarcación de tierras indígenas y la preservación, el enfrentamiento del Estado contra el garimpo ilegal, y en está en contra de la extracción indiscriminada de madera y la tala ilegal para generar espacios de ganadería. Hoy, esta parcela ideológica y, por momentos étnica ya que los principales movimientos indigenistas de Brasil están en el Partido de los Trabajadores (PT) y en el Partido Socialista y Libertad (PSOL), está representada por los partidos de izquierda, centro-izquierda y la social-democracia de centro. Todo lo “no bolsonarista”. No es casual que el presidente Lula Da Silva iniciara su mandato creando el “Ministerio de los pueblos indígenas”.
Este martes 30 de mayo de 2023, se produjo un acontecimiento trascendental en la Cámara de Diputados de Brasil, cuando se aprobó un proyecto de ley que establece restricciones a la demarcación de tierras indígenas. Y esta realidad de los bandos, se refleja a la vez en la compleja contradicción de un parlamento bolsonarista y un gobierno federal de Lula.
El presidente brasileño tiene entre sus prioridades la salvaguardia de los pueblos originarios y la protección de la Amazonía. Pero los diputados demostraron que no están dispuestos. La iniciativa de este proyecto fue impulsada por diputados que simpatizan con el agronegocio y por otros grupos opositores cercanos a la minería y el “extractivismo”. La aprobación representó un revés para las promesas medioambientales del líder izquierdista. El proyecto tuvo 283 votos a favor frente a 155 en contra.
¿Qué implica la reforma?
La aprobación de este texto supone que las tierras reservadas para las comunidades indígenas se limiten exclusivamente a aquellas que estaban ocupadas por los grupos indígenas al momento de la promulgación de la Constitución vigente en 1988.
A simple efecto, abre el campo al asentamiento de proyectos extractivos en lugares hoy considerados como tierra indígena. También reduce el derecho de los pueblos indígenas a reivindicar tierras ancestrales y elimina mecanismos de preservación ambiental. Le otorga al Estado poderes de expropiar una tierra indígena y destinarla al Programa Nacional de Reforma Agraria. También garantiza que dentro de tierra indígena el Estado pueda construir “bienes de utilidades públicas” como hidroeléctricas, trenes o usinas nucleares, y legaliza el cultivo de transgénicos dentro de esos territorios.
Y, quizás lo más importante, es que valida la posesión ilegal de particulares dentro de tierras indígenas y la “cooperación entre indígenas y no indígenas para las actividades económicas”. Una forma de decir más destrucción de la Amazonia y menos derechos para los indígenas.
Según el relator del proyecto, el diputado derechista Arthur Oliveira Maia del partido Unión Brasil (partido cuya cara visible en el Senado es el ex juez y ministro de justicia Sergio Moro), es necesario que Brasil “no sea una gran reserva indígena nacional, que en todo momento sea sometida a ampliaciones”. “¿Qué país es este que niega el derecho de propiedad?”, afirmó Oliveira en el plenario.
Mientras tanto, la diputada indígena del PSOL, Célia Xakirabá, afirmó que “en este país solo se limita tierra indígena luego de la muerte de algún líder indígena. Cada vez que votan un proyecto como este, aceleran el genocídio de nuestra gente con fines sectoriales”.
Las comunidades indígenas se oponen firmemente a este proyecto, ya que argumentan que tienen derecho a sus territorios originales sin importar la ocupación en 1988.
Organizaciones y activistas han expresado su descontento con esta propuesta, alegando que muchas comunidades indígenas no ocupaban ciertos territorios en ese año debido a desplazamientos forzados, particularmente durante el periodo de la última dictadura militar en Brasil (1964-1985).
En la actualidad, Brasil cuenta con un total de 764 territorios indígenas, pero aproximadamente un tercio de ellos aún no han sido debidamente demarcados, según los datos proporcionados por la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (FUNAI).
Es importante mencionar que en abril el presidente Lula reconoció la demarcación de seis nuevos territorios indígenas, lo cual representa un avance significativo después de un periodo de estancamiento durante el mandato del presidente Jair Bolsonaro.
La aprobación de este proyecto en la Cámara de Diputados ha generado protestas en todo Brasil y ha llamado la atención de organizaciones no gubernamentales y activistas internacionales, incluyendo a reconocidos actores estadounidenses como Leonardo Di Caprio y Mark Ruffalo.
Antes de la votación, un grupo de aproximadamente cien indígenas bloqueó temporalmente una carretera en las afueras de Sao Paulo en la madrugada del martes, pero fueron dispersados por la policía mediante el uso de gases lacrimógenos, tal como se pudo observar en imágenes difundidas por los medios locales.
Organizaciones como Greenpeace y el Observatorio do Clima han calificado esta jornada como un día «vergonzoso» en la historia del Parlamento brasileño, rechazando firmemente el contenido de este proyecto.
Desde la ciencia, se señala que la demarcación de tierras indígenas es un factor fundamental para combatir la deforestación en la Amazonía, considerada como el pulmón verde más grande del planeta y uno de los ecosistemas más diversos del mundo.
Ahora, el debate será sometido a la consideración del Senado para su posterior conversión en ley. Según los especialistas políticos en Brasil, será un proceso mucho más discutido y con un apoyo más dividido que en diputados. Por otra parte, la constitucionalidad de este proyecto está siendo discutida en el Supremo Tribunal Federal de Brasil.
Más allá de las cuestiones legales, queda claro que el consenso en Brasil sobre sus temas esenciales, como el derecho de propiedad, el respeto a los pueblos indígenas y el cuidado del medioambiente, está lejos de saldarse. La pregunta es hasta dónde Brasil y sus instituciones son capaces de crear una solución política real y duradera al problema de la vida, el medioambiente y la producción sostenible. O si, simplemente, son hijos de un sistema corrupto que, desde Álvares Cabral, priorizará el enriquecimiento de unos pocos a costas del sufrimiento y el bienestar de la mayoría.