Uruguay se encuentra ante un cruce de caminos donde la política laboral puede optar por el rigor o la consigna, por el dato o el dogma. Hay dos propuestas en debate: la reducción generalizada de la jornada laboral a seis horas y la sustitución de los Jornales Solidarios por un plan centralizado bajo el MIDES. Nos enfrentamos a una tendencia preocupante: la tentación de gobernar desde la ideología, sin la necesaria conexión con la realidad del país.
Reducir la jornada laboral es un objetivo loable que responde al bienestar y a la justicia social. Pero en la práctica, sin una hoja de ruta clara y sin un compromiso real con la productividad, la medida se vuelve un salto al vacío. Uruguay enfrenta hoy un desempleo de 7,8 % y un mercado laboral donde casi la mitad de los asalariados ya trabaja más de 40 horas semanales. Establecer por ley un nuevo estándar sin un análisis riguroso por sectores no solo es imprudente, sino que corre el riesgo de profundizar desigualdades y generar más exclusión que soluciones reales.
La Cámara de Industrias ha advertido con razón que pagar lo mismo por menos horas no es viable para muchas empresas, especialmente para las pymes industriales y exportadoras. El costo operativo se transformaría en un impuesto silencioso que encarece al trabajador uruguayo y favorece la competencia externa.
A esto se suma un dato clave: la experiencia internacional no da certezas: Francia tuvo problemas, Chile y España siguen discutiendo, y todos necesitaron subsidios que Uruguay no puede permitirse.
La medida, además, puede tener efectos contraproducentes. Sin mecanismos compensatorios reales, muchos trabajadores recurrirán a múltiples empleos para mantener sus ingresos, replicando lo que ya ocurre en sectores como la salud. El resultado: más rotación, menor calidad y jornadas encubiertas más extensas. En definitiva, un retroceso disfrazado de progreso.
El caso de los Jornales Solidarios es aún más elocuente. Nacido como respuesta a la crisis pandémica, el programa generó hasta 15.000 empleos transitorios gestionados por las intendencias de todos los partidos. A pesar de problemas puntuales, fue valorado por su impacto barrial, su proximidad y su transparencia. Los sorteos públicos aseguraban equidad y algunas intendencias comenzaron a dialogar con INEFOP para dar un paso más allá del simple subsidio.
El nuevo plan del Ejecutivo recorta cupos (de 9.000 a 5.500), centraliza la gestión en el MIDES y elimina los sorteos, abriendo la puerta al clientelismo. Además, uniforma la retribución en $19.700, sin considerar diferencias territoriales ni mecanismos de seguimiento. El Congreso de Intendentes —incluidos varios frenteamplistas— alertó sobre la “pérdida de cercanía” y el riesgo de transformar una herramienta social en un instrumento de asignación discrecional. Nadie los escuchó.
José Batlle y Ordóñez —cuya herencia muchos evocan pero pocos practican— sabía que la justicia social no se improvisa, se construye con desarrollo real y defensa concreta del trabajador. Hoy ese equilibrio exige dejar de lado doctrinas y recuperar la seriedad del método.
Las reformas laborales no se hacen con eslóganes ni decretos para la tribuna. Se hacen con pruebas piloto, sector por sector. Pretender imponer la jornada de seis horas a toda la economía sin medir impactos específicos es más un acto de fe que de gobierno. Ignorar el costo fiscal de mantener salarios sin productividad es jugar con fuego. Con una carga previsional del 11 % del PBI, no hay margen para el voluntarismo.
Uruguay no necesita más gestos simbólicos ni relatos épicos: necesita soluciones concretas. Hace falta reformar, sí, pero con los pies en el suelo y los datos en la mano. Con la defensa al trabajador y la justicia social, pero con cabeza fría. Porque las buenas intenciones no pagan sueldos ni crean empleo. Lo hacen las ideas sólidas, bien aplicadas y sin miedo a la realidad.
