El Banco Central del Uruguay (BCU dispuso el pasado 10 de abril una rebaja de 0,50 puntos en su Tasa de Política Monetaria (TPM), una medida que va en la dirección correcta, aunque es insuficiente para revertir un atraso cambiario que afecta de forma grave la competitividad del país y que requiere una mayor intervención de la autoridad monetaria para superarlo.
Luego de ese movimiento, el BCU informó que la tasa pasó a ubicarse en 8,5% anual, dada la disminución sostenida de la inflación, su permanencia dentro del rango meta y el descenso gradual de las expectativas de los agentes.
En marzo de 2024, la inflación interanual se situó en 3,80%, por décimo mes consecutivo dentro del rango meta y en descenso gradual de acuerdo a las expectativas de los agentes.
No obstante el movimiento a la baja, el presidente del BCU, Diego Labat, aclaró que la TPM se mantendrá “relativamente alta por un tiempo” para contener la inflación en el rango meta, mientras las expectativas convergen hacia el objetivo.
Más allá del recorte en la TPM, que tal como aseguró Labat no se repetirá en el corto plazo, poco se ponen sobre la mesa y menos se busca atender otras causas del “dólar planchado” o el viejo y conocido “atraso cambiario”.
Además de un fuerte ingreso de capitales, lo cual es beneficioso, la actual administración se vio obligada a cumplir con la regla fiscal establecida en la Ley de Urgente Consideración (LUC), para lo cual optó por financiar ese déficit con deuda y pesificar la misma mediante la emisión de títulos en Unidades Indexadas (UI).
El rendimiento atractivo que muestran esas emisiones en UI, hace que los inversores se desprendan de dólares para posicionarse en los títulos indexados, lo que deprime aún más el precio de la divisa.
Aún ante el exceso de dólares en el mercado, el BCU estableció una política firme de no intervención en el mercado cambiario –no lo hace desde agosto de 2021- y llevar adelante una flotación pura de la divisa, lo cual hizo caer al precio de ésta en marzo al menor nivel en ocho meses.
El retroceso del mes pasado fue de 4% y la caída en lo que va del año hasta ese momento, de 3,8%, por lo que la Federación Rural señaló entonces que el precio del dólar debería de ser de 58 pesos “para equipararnos al nivel promedio de referencia”, es decir “el valor al inicio de la pandemia (43 pesos al inicio de la pandemia) ajustado por inflación”.
La gremial sostuvo que el tipo de cambio real con China “para el período 2010-2023 está 18% abajo del promedio” y que “en promedio histórico está 23% abajo”, por lo que “la pérdida de competitividad es total”.
La competitividad de los productos uruguayos medida en dólares llevaba en febrero 24 meses consecutivos de caídas.
Tras la rebaja dispuesta por el BCU, representantes de las principales cámaras empresariales del país calificaron como “una señal positiva” para combatir el atraso cambiario, aunque reclamaron medidas para lograr una mayor competitividad.
Los atrasos cambiarios encienden luces amarillas y muchas veces rojas, justamente por el impacto en la competitividad, la rentabilidad de las empresas, el empleo y los salarios que pagan los sectores con alta exposición a los mercados externos.
Uno de los ejemplos de ello es el anuncio reciente de Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC), que cerrará por dos meses sus plantas de Montevideo y Minas por un exceso de stock, al no poder competir con las cervezas importadas y perder, según voceros de su sindicato, cerca de 20% de participación de mercado en los últimos años.
Por otra parte, las devaluaciones que siguen a los atrasos cambiarios, como fue el caso de las de 1982 y 2002, provocan estragos en toda la economía y en las condiciones de vida de la gente.
A los efectos de corregir gradualmente el atraso cambiario, entonces, es necesario el restablecimiento de una banda de flotación del dólar, no como un ancla cambiaria para contener la inflación como en el pasado, sino para dar previsibilidad y estabilidad a las inversiones y en definitiva a la rentabilidad de las empresas y el mantenimiento las fuentes de trabajo.
Mediante dicha banda, que se utilizó en los años 90 hasta que se liberó el tipo de cambio durante la crisis de 2002 y cuyo piso y techo se movían en determinado porcentaje mensual prefijado, -de ahí el nombre de paridad deslizante- el precio del dólar debería de moverse mensualmente de forma similar a la inflación.
Este régimen, salvo situaciones imprevistas de crisis, evitaría que la divisa estadounidense caiga a un precio que haga imposible exportar, competir con bienes importados del exterior o recibir turistas, o en el otro extremo, que su elevado precio dificulte para amplios estratos de ingresos bajos y mediobajos la compra de una gran variedad de electrodomésticos y productos electrónicos, o la adquisición misma de petróleo para el país, o insumos importados para la industria, por poner algunos ejemplos.
De esta forma, el BCU debería de fijar un objetivo de devaluación mensual acorde a la inflación existente e intervenir con compras cuando el dólar cae por debajo de determinado nivel, o con ventas cuando el precio de la divisa excede a los objetivos planteados.
Estos movimientos más realistas del dólar, en un contexto en el que la inflación lleva varios meses dentro del rango meta, de entre 3% y 6% anual, y si se controla adecuadamente el déficit fiscal, difícilmente lleve a un aumento de los precios que exceda los objetivos del gobierno.
Un ex vicepresidente del BCU que prefirió mantener su nombre en el anonimato, dijo a El Día que optaría como política cambiaria llevar a cabo “minidevaluaciones sin aviso y pequeñísimas” y “que ni siquiera las haga el BCU”, sino mediante compras del Banco República y de las empresas públicas.
Las “minidevaluaciones” se aplicaron en 1972 a comienzos del gobierno de Juan María Bordaberry, con el quincista Francisco Forteza como ministro de economía y tenían como objetivo evitar el atraso cambiario, aunque en un escenario inflacionario como el de entonces, estos movimientos generaron mayores expectativas de precios a futuro y no lograron los objetivos esperados.