Parece justo el reclamo, que va ganando adeptos, de que el agua suministrada por OSE deba ser provista sin cargo mientras no sea potable. Además, es políticamente redituable. . .
Pero bien vista la medida, que se ha comparado con los descuentos que aplica UTE cuando hay cortes de energía, no tiene un fundamento absolutamente semejante, ni resulta adecuada.
En esto de las políticas públicas las soluciones debieran ser tomadas teniendo en cuenta todos los aspectos sobre los que las mismas recaen. Y este clamor sobre la gratuidad no parece reparar ni en el presente, ni en el futuro.
El gobierno, y podrá sí discutirse si podría hacer más al respecto, ha garantizado la distribución de agua gratuita a los sectores más vulnerables de la sociedad, y para ello ha propuesto el establecimiento de un Fondo de Emergencia, cuyo establecimiento se considerará en breve en el parlamento, a cargo de financiar el subsidio . Además, ha rebajado los impuestos aplicados a la venta de agua envasada, lo que opera como un alivio económico de alcance general ante la crisis.
El porcentaje de agua destinado a la ingesta, según lo manifestó el presidente Lacalle Pou, es el cinco por ciento de la cantidad consumida en los hogares. El resto se aplica a otros usos para los cuales la potabilidad no hace la diferencia.
Tomamos como cierto el dato aportado por Lacalle, y, agregamos, hace ya años que muchos uruguayos no beben agua de OSE, de lo contrario no se explicaría la cantidad de compañías que envasan ( y venden ) agua como garantía de pureza y sanidad.
No es comparable, pues, la falta de energía con la no potabilidad. En un caso estamos frente a la interrupción de la provisión del servicio, por lo tanto no parece justo cobrarlo. En el otro, todavía subsiste su oferta, como sucede en muchos países donde el agua del grifo no es consumida por eventuales impactos negativos en la salud.
No hay necesidad de abundar mucho sobre lo que sucede cuando un bien es ofrecido en forma gratuita: su demanda tiende a consumirlo hasta agotar. Es decir, el agua que es un bien, aunque sea no apta para beber, tendería a ser consumida en mayor volumen.
Por lo tanto parecería razonable no insistir con la idea. ¿Aplicar más rebajas? Puede ser, pero no debería exceder del porcentaje estimado del consumo en cada hogar. . .
Nos parece más razonable, en todo caso, que la gratuidad del agua sea asegurada por otra via, procurando que el impacto económico alcance a a la necesidad básica de las personas. Sobre eso, sí, el gobierno debería trabajar y dar soluciones, y la justicia del reclamo parece adecuada.
Lo otro nos resulta un tanto voluntarista, con tonos de improvisación, cuando no a demagogia.