La Asociación de Abogados de Salto, que aglutina a más de 140 letrados y tiene 77 años de existencia, lanzó una campaña de responsabilidad social para concientizar a los salteños sobre las instancias judiciales que siguen a un accidente de tránsito con damnificados. El presidente de la entidad, Gabriel Cartagena, manifestó que la iniciativa responde a “inquietudes y consultas” de clientes que apenas admitidos en la emergencia de un centro de salud fueron contactados por abogados o gestores para iniciar eventuales reclamos por el Seguro Obligatorio de Automóviles (SOA) o en demandas por responsabilidad civil.
Cartagena especificó que ante la reiteración de estos casos “que no son ilegales a prima facie” el objetivo de la Asociación es que la comunidad esté bien informada, con el asesoramiento necesario que permita a los accidentados tomar decisiones adecuadas en los tiempos correctos. “No se necesita para hacer un reclamo de responsabilidad civil hacerlo al otro día del siniestro, sino que hay que evaluar la situación desde el punto de vista clínico” estimó Cartagena, que agregó que lo mismo sucede “con los vehículos accidentados, donde hay que considerar presupuestos de mano de obra y de repuestos”
La preocupación que llevó a los letrados salteños a promover esta campaña pública se enmarca en una modalidad de captación de clientes en la que “caranchos” o “cazadores de ambulancias” se presentan de inmediato ante los accidentados. Sin embargo, el presidente de la asociación departamental especificó que “no es una campaña contra nadie, sino al contrario, es una campaña informativa a los efectos que la ciudadanía en general sepa que en el Uruguay existe un sistema de de seguro obligatorio —SOA— que existe un plazo legal para hacer los reclamos, que es de dos años y que existe tiempo —sobre todo tiempo— y se puede asesorar con abogados de la gremial”
En junio de este año se presentó una denuncia ante el presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, que describía una maniobra mediante la cual una abogada y una gestora conseguían, mediante el pago de una comisión, que choferes de ambulancias y enfermeras de emergencias les brindasen datos de los accidentados. Según los denunciates, existiría una organización con esa operativa en el Hospital de Maldonado y en otros departamentos.
En una trama que está al margen de la legalidad, la denuncia presentada a ASSE estableció que la “organización criminal tendría una propia estructura donde cada uno de los roles de sus integrantes sería determinante a los efectos del objetivo de la misma”, esto es, captar un número importante de clientes a ser representados en casos de siniestros automovilísticos.