A poco más de tres años de su promulgación y a 16 meses de su ratificación en referéndum por 49,8% a 48,8%, se puede asegurar que la Ley de Urgente Consideración (LUC), una norma “ómnibus” que introdujo cambios en aspectos como seguridad, educación, economía y trabajo, entre otros, lejos de los cataclismos que pronosticaba la oposición, trajo beneficios al país.
Si se consideran solamente los aspectos económicos, la LUC puso en marcha una nueva institucionalidad fiscal, que establece una meta para el déficit fiscal, así como un tope indicativo de incremento real del gasto, de manera que su variación no supere la del Producto Interno Bruto (PIB) potencial y por último, un límite al endeudamiento neto del gobierno.
El objetivo final de la “regla fiscal” es generar ahorros en épocas de bonanza, de crecimiento económico, para luego poder gastar en épocas de caída de la actividad, o fase baja del ciclo económico, en lo que se llama “política contracíclica”.
El gobierno ha logrado una consolidación fiscal que se obtuvo limitando el crecimiento de los salarios del sector público y controlando el gasto discrecional, lo que hizo que el déficit fiscal se situara en 3,8% del PIB en los últimos 12 meses finalizados en junio, frente a 4,1% al cierre de 2021, mientras que se espera una baja a 2,1% para 2026.
Vale la pena recordar que el déficit fiscal había alcanzado a 4,9% del PIB en los 12 meses finalizados en septiembre de 2019 y que la actual administración debió enfrentar ya en sus primeros días gastos imprevistos para enfrentar la crisis sanitaria del Covid-19, a lo que se suma ahora la sequía y la crisis del agua potable en la zona metropolitana.
La regla fiscal no significó en absoluto la renuncia del Estado al apoyo a los más necesitados y por el contrario, aunque a algunos les pudo parecer insuficiente, durante la pandemia se aumentaron los recursos para asignaciones familiares, canastas de alimentación y extensiones de los subsidios por desempleo, al tiempo que por estos días se hace frente a la crisis hídrica con quita de impuestos al agua embotellada y entregas del producto a quienes no pueden solventar su compra.
Una situación fiscal más holgada es lo que permitió recientemente cumplir con la promesa de rebajar el IRPF y el IASS –con lo cual 63.000 empleados y 20.000 jubilados dejaron de pagar- y hará posible una Rendición de Cuentas con un mayor énfasis en políticas sociales como vivienda, salud mental –a las que se pretende adicionar USD 20 millones- y alimentación.
Por otra parte, la LUC eliminó la obligatoriedad del pago de remuneraciones en formato electrónico (bancarización obligatoria) y se habilitó el pago de las mismas en efectivo, lo que otorga mayor flexibilidad, tanto para empleadores como empleados, para pagar y cobrar salarios, particularmente en pequeñas localidades y en el interior rural, donde las sucursales bancarias y cajeros automáticos se sitúan a distancias considerables, por lo cual los asalariados debían muchas veces recorrer varios kilómetros para cobrar sus jornales.
También se eliminó la obligatoriedad de la utilización de medios electrónicos en el pago a los proveedores del Estado, especificando que queda a opción del proveedor el medio de pago a utilizar, al tiempo que se elevó a un equivalente a USD 120.000 la posibilidad de pago en efectivo de transacciones de todo tipo.
Otros de los artículos que fueron sometidos a referéndum fueron los referidos a la nueva modalidad de fijación de precios de los combustibles, que toma en cuenta el Precio de Paridad de Importación (PPI) y da una mayor transparencia en la fijación de los valores de los refinados, habilitándose subas o bajas mensuales de acuerdo a la evolución de dicho PPI, aunque en última instancia la última palabra la tiene el Poder Ejecutivo, que tiene discrecionalidad para no ajustar de acuerdo a dicho parámetro, como ya lo ha hecho.
El precio de la Nafta Súper 95 pasó a costar el 1 de agosto 71,39 pesos por litro, cuando ese combustible había alcanzado un máximo de 80,88 pesos por litro el 1 de junio del año pasado, por lo que se registró un descenso de 11,73% en el precio durante el período analizado.
En algunos meses, el Poder Ejecutivo resolvió no aumentar los precios de los combustibles o hacerlo en menor medida de lo que marcaba el PPI.
Distinto fue el caso del supergás, cuyo precio se ubica en que en 73,35 pesos por kilo, frente a 63,35 pesos por kilo hace un año, es decir un aumento de 21,54%, debido a una política expresa de terminar con los subsidios generalizados en este combustible y que los mismos lleguen sólo a quienes más lo necesitan, es decir unos 130.000 hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica que tienen un descuento de 50% en la recarga de garrafas de 13 kilos.
El presidente de ANCAP, Alejandro Stipanicic, dijo que “en dos años, el margen que tiene la refinería de La Teja permitió que los combustibles en Uruguay fueran USD 358 millones más baratos que lo que tendrían que haber sido”.
La oposición del Frente Amplio y el PIT-CNT basaron también su campaña derogatoria en la consigna que la portabilidad numérica, que permite a los usuarios cambiar de empresa telefónica y conservar su número de celular, perjudicaría a ANTEL.
Según la URSEC, desde que rige la portabilidad y hasta el mes de junio, 98.976 clientes cambiaron de compañía telefónica y mantuvieron su número. Entre quienes cambiaron de empresa, Claro tuvo una ganancia neta (quienes entraron menos quienes salieron) de 6.635 clientes, mientras que Movistar perdió 5.837 y ANTEL 798 usuarios.
A pesar de esa pérdida de clientes, que no deja de ser poco significativa sobre el total, la participación de mercado de ANTEL pasó desde 47% en diciembre de 2021 a 49% en diciembre de 2022 y las ganancias del ente alcanzaron a USD 245 millones en 2022, mientras que la telefonía celular representa el 46% de los ingresos operativos del ente.
El presidente de ANTEL, Gabriel Gurméndez, señaló que “el año pasado vendimos 377.000 aparatos celulares y fue el año de mayor venta de aparatos desde 2015”.
Por otro lado, la portabilidad numérica llevó a que el precio promedio mensual de los contratos cayera desde 1.079,67 pesos en diciembre de 2021 a 918,33 pesos en diciembre de 2022, por lo que la caída interanual del precio promedio mensual se situó en 14,94% a precios corrientes y sin considerar la inflación.
En cuanto a los alquileres sin garantía, consagrados en la LUC, no trajeron una ola de desalojos express como se presagiaba y en cambio, sólo 2% del total son bajo esta modalidad, que brinda una alternativa para quienes no consiguen una garantía, muchas veces poco accesible, y una mayor certeza de cobro para pequeños propietarios para los cuales el alquiler de una propiedad, en bastantes ocasiones modesta, resulta fundamental para sus ingresos.