Las declaraciones de la senadora del MPP Blanca Rodríguez, asegurando que las políticas sociales “nacieron” con el Frente Amplio, obligan a detenerse y revisar la historia con la seriedad que el debate público exige. No se trata solo de corregir un exceso retórico: se trata de enfrentar una narrativa que contradice frontalmente más de un siglo de construcción institucional. Y Uruguay, si algo ha cultivado, es su memoria de país serio.
La justicia social en Uruguay no surgió con ningún partido en particular, y mucho menos en fechas recientes. Se forjó a través de una larga secuencia de reformas, decisiones de Estado y tensiones sociales que comenzaron bastante antes de la existencia del Frente Amplio. Pretender otra cosa no solo es políticamente oportunista: es históricamente inexacto.
El batllismo: donde Uruguay inventa su Estado social
En cualquier discusión rigurosa sobre justicia social, el punto de partida inevitable es el ciclo batllista. Desde comienzos del siglo XX, los gobiernos de José Batlle y Ordóñez situaron a Uruguay en un lugar de avanzada en materia social. No es una interpretación; es una evidencia documentada y reconocida incluso más allá de nuestras fronteras.
Aquel país que implementó:
* la jornada de ocho horas,
* el descanso semanal,
* la protección laboral del menor y de la mujer,
* la estatización estratégica para asegurar bienestar,
* y la educación pública como herramienta de inclusión,
no necesitaba esperar al siglo XXI para descubrir la justicia social. Ya la había institucionalizado.
Los aportes blancos: ampliación y equilibrio
El Partido Nacional también tuvo su papel en consolidar la matriz social del país. Desde la profundización de las acciones de rehabilitación en la salud mental hasta reformas en la seguridad social, las administraciones blancas mantuvieron y fortalecieron políticas que ampliaron el alcance del Estado de bienestar. En Uruguay, la justicia social fue un proyecto compartido; nunca una propiedad exclusiva.
El Frente Amplio y la continuidad, no el origen
Cuando el Frente Amplio llegó al gobierno, profundizó y reordenó políticas que ya existían. Pero las bases —educación gratuita, empresas públicas, salud universal, derechos laborales, seguridad social sólida— estaban instaladas hacía décadas. Confundir continuidad con creación es un error conceptual, y en política pública, un error grave.
La afirmación de que las políticas sociales “nacieron” con la izquierda no resiste un examen mínimamente serio.
El problema del relato
Lo más preocupante de la frase de la senadora Rodríguez no es su falta de precisión histórica: es la intención que revela. Construir legitimidad política adjudicándose un legado que pertenece a generaciones enteras de uruguayos —gobiernos, partidos, sindicatos, movimientos sociales— constituye un empobrecimiento del debate público.
El relato partidario puede ser útil para un eslogan, pero no para explicar la historia de un país cuya identidad se basa en la institucionalidad y en la continuidad democrática.
Una verdad simple: Uruguay ya era un país justo antes del Frente Amplio
La justicia social uruguaya y las políticas implementadas en ese orden, son el resultado de un proceso acumulado, transversal, intergeneracional. El Frente Amplio aportó, como aportaron otros. Pero no fundó aquello que ya estaba construido mucho antes. Y quien pretenda instalar esa fantasía debería, como mínimo, revisar los manuales de historia que explican por qué Uruguay se diferenció tempranamente del resto de América Latina.
Conclusión: la responsabilidad de hablar con rigor
En un país que se enorgullece de su institucionalidad y que es reconocido internacionalmente por la misma, las afirmaciones que distorsionan la historia no deberían pasar inadvertidas. La justicia social y sus políticas no nacieron con un partido ni con un gobierno. Nacieron con el Uruguay moderno, con sus reformas pioneras y su convicción profunda de que la equidad es una tarea permanente.
Lo demás es relato. Y el debate democrático merece algo mejor que eso.
