La triste decision de la Junta de Transparencia y Ética Publica, JUTEP, ha sido más que analizada. Desarticulada en varios pedazos, por varios individuos, algunos de ellos políticos, otros juristas, lo cierto es que la convicción general es que —a pesar de que existían ilusos que pensaban lo contrario, nosotros entre ellos— fue una resolución ajustada a la necesidad y práctica del gobierno y, por ello, pésima.
Nuestra primera reacción fue que aquello fue un mamarracho. Y no nos desdecimos: ya enfriados los ánimos, agregamos que además de mamarrachenta, la actuación fue nociva. Antirrepublicana, este tipo de determinación es la que alimenta el descrédito de y en las instituciones.
Tal vez una de las frases más mortificantes sobre la Junta fue la que trajo a colación el expresidente de la misma, Ricardo Gil, cuando afirmó, según una nota publicada en El País, que “las decisiones en general que se han tomado —desde el sistema político— responden a la estrategia de ‘qué bueno que existe la Jutep, pero que no joda mucho’”.
Si para muestra basta un botón, el caso del frenteamplista Jorge Castro quien tuvo que renunciar a su cargo en la Junta luego de suscribir un informe en el cual se sostenía que en la construcción del Antel Arena no se respetaron las normas éticas de la función pública.
Es decir, el disenso al que no se animaron los actuales directores frenteamplistas de la JUTEP conforma al sistema politico, pero no a una buena cantidad de uruguayos para los cuales el mensaje positivo de todo este lío fue que el presidente de los servicios de salud del país, Alvaro Danza, terminó por renunciar a sus empleos en las mutualistas privadas que —y por algo existe el Artículo 200 de la Constitución— no le permitirían desempeñar a cabalidad su función en el Estado.
Porque los hechos son tercos, y por más que se levantaron varias voces del oficialismo para remarcar la actitud renunciante de Danza —a pesar de la decision de la JUTEP, arguyeron— la verdad de la milanesa es que la situación era insostenible y no tenía levante.
Con el disenso, también, se hace República. Y cuando aquel se esconde en los pliegues del disimulo partidario, en el momento en que más se requiere, se le ven las patas a la sota y se siembra la desconfianza que mina a las instituciones.
Ese disenso necesario pudo haber sido el que inspiró a algunos sindicalistas de la educación reunidos para confrontar al presidente del Consejo Directivo de la Administración Nacional de Educación Pública, ANEP, Pablo Caggiani. . . sólo que la actitud patotera de uno de ellos terminó por quitar cualquier tipo de razón que pudieran tener.
Eso es todo lo contrario a la República, como lo es que, entre gallos y medianoches, en una vieja practica antidemocrática, propia de épocas pretéritas, se haya defenestrado al jerarca, echándolo del sindicato.
Vamos a entendernos, el paro en la educación y sobretodo su extensión es absolutamente injustificado. Si los problemas de violencia en el país se van a arreglar a fuerza de suspender la actividad pública, con el costo que ello implica, vamos a estar arreglados a caldo y huevo. Tal vez a algún iluminado se le ocurra proponer un paro general de un año, o movidas de ese tenor.
No, el problema de violencia en la sociedad, del cual la actitud agresiva del sindicalista que apuntamos es una muestra patética, se arregla de otra forma, con otras herramientas. Una de ellas, estamos seguros, es con el trabajo dedicado de los maestros y maestras, referentes para el alumnado, de cuyo componentes, muchos provienen de sectores vulnerables en los que la violencia forma parte de su geografía.
Ahora, nos preguntamos, ¿será quitándole horas a esa dedicación necesaria la forma de solucionar el asunto? No nos parece.
Creemos que la solución pasa por otro lado y que esos paros aniquilantes no son más que una rémora del pasado que busca la perpetuación de un corporativismo démodé. La prueba de un disenso burdo, sin inteligencia ninguna.