El PIT-CNT reiteró durante el acto del 1 de mayo que insistirá en debatir dentro del “diálogo social” convocado por el presidente Yamandú Orsi para revisar aspectos del sistema de seguridad social, las tres bases fundamentales que fueron rechazadas en el plebiscito al respecto que se llevó a cabo el 27 de octubre, las que en caso de quedar plasmadas en una nueva Ley, tendrán un duro impacto en las finanzas públicas.
De esta forma, y a pesar de que el tema se debatió hasta el cansancio y con números muy ilustrativos sobre la mesa durante la campaña electoral, volverá a estar en el tapete restablecer en 60 años la edad para jubilarse, eliminar las AFAP y equiparar las jubilaciones mínimas al salario mínimo nacional.
Y no conformes con ello, la dirigente sindical Lorena Luján señaló la necesidad de revisar el financiamiento del sistema, por lo que propuso la creación de un impuesto sobre las ganancias de las empresas que sustituya a los aportes patronales.
Orsi, presente en el acto, sostuvo tras el reclamo que “uno no viene acá ni va a ninguna reunión pensando en decirle que si a todo. La economía nacional no soporta nuevos tributos. Es algo que lo planteamos en campaña y ahora, pero ahora es legítimo escuchar planteos concretos”.
La central sindical también había reclamado una reforma integral que incluya la protección desde antes del nacimiento hasta después de la muerte de la persona, como si actualmente no existieran asignaciones familiares, centros CAIF, canastas y diversos apoyos del Mides, plan de cuidados y pensiones a la vejez para sostener de alguna forma a personas que atraviesan dificultades económicas.
Por otra parte, la propuesta de crear un impuesto a las ganancias empresariales, de la cual poco se explicó, ignora que las corporaciones ya pagan este impuesto a través del IRAE y que tanto trabajadores como empresarios están al límite con la carga tributaria, lo que desalienta la inversión, el empleo y lleva al cierre de emprendimientos, tal como ha ocurrido con numerosos casos en los últimos meses.
El diálogo social desconoce el rechazo de la ciudadanía al plebiscito, pero más allá de las formas, su intención constituye un verdadero “tiro en el pie” para cualquier gobierno, debido a que el retiro a los 60 años, hace insostenible al sistema.
Según el diagnóstico elaborado por la Comisión de Expertos en Seguridad Social previo a la última reforma, el gasto previsional se ubicó en el orden de 7 puntos del PIB en el año 2008 y se preveía que evolucionara en ese orden de valores hasta la década de 2040.
Sin embargo, en la última década cambió la trayectoria y en 2019 alcanzó 9,2 puntos del PIB.
Conforme a las proyecciones presentadas, el nivel de gasto del sistema del BPS (sin incluir las prestaciones no contributivas) pasaría de 8,86% en 2019 a 10,45% hacia 2050 y se ubicaría en 11,61% del PIB en 2070.
El gasto previsional en Uruguay alcanza a unos USD 6.720,5 millones anuales y Rentas Generales debe aportar unos USD 500 millones anuales para poder cumplirse con las prestaciones, cifra que crecerá sin pausa si se retrocede en la edad de retiro.
Los promotores del diálogo social también ignoran la realidad de los promedios de edad de jubilación en países como España (65), Portugal, Irlanda, Holanda y Dinamarca (66) y Alemania e Italia (67). Ya mismo en Uruguay el promedio se ubica en 63 años.
Poco se toma en cuenta también que en el quinquenio 1995-2000, la sobrevida esperada a los 60 años era de 20 años y se estima que para el quinquenio 2065-2070 será del orden de los 27 años para ambos sexos.
Con respecto a las AFAP, el diálogo social buscará terminar con el “fin de lucro” de dichas administradoras, sin establecerse en un principio si se las obligará a cumplir su función en forma gratuita, si se nacionalizarán, como había sugerido en la campaña electoral el hoy secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, o directamente se eliminarán.
Hoy las AFAP manejan un fondo de USD 22.103 millones que es de los aportantes, quienes reciben frecuentemente su estado de cuenta con el ahorro acumulado, la rentabilidad y en que se invirtieron los aportes.
La eliminación de estas entidades supondría que lo ahorrado por los aportantes se volcase a un fideicomiso que hoy ni siquiera está claro por parte de quienes y como se administraría.
Por otra parte, las AFAP invierten el 21% de los fondos en inversiones productivas a través de emisiones en el mercado de valores, por lo que la actividad de éste caería de forma drástica en caso de eliminarse las administradoras.
Cabría preguntarse entonces de que fondos se nutrirían las inversiones en infraestructura y otros emprendimientos productivos si no existiesen las AFAP, que demandan alrededor del 80% de las emisiones privadas de la Bolsa.
Como corolario, el tercer punto que se planteó en el plebiscito es igualar las jubilaciones y pensiones mínimas al salario mínimo nacional (23.604 pesos), lo que tendría un costo para el Estado de USD 1.000 millones anuales.
Quizás sea este el punto más viable a largo plazo –de aquí a cinco o incluso 10 años-, siempre y cuando se dispongan aumentos graduales en las pasividades por encima de los ajustes del salario mínimo nacional y crezca la economía y por lo tanto la recaudación impositiva para financiarlo.
Por último, pero no menos importante, fue el llamado del dirigente de la enseñanza, Sergio Sommaruga, a declarar una “emergencia nacional” para enfrentar la pobreza que afecta al 20% de la población infantil y adolescente del Uruguay.
Si bien este objetivo es loable, cabe aclarar que las cifras de pobreza infantil no han variado sustancialmente en las últimas décadas, aún bajo tres gobiernos del Frente Amplio en los que el país tuvo una de sus mejores bonanzas económicas de la historia, con crecimiento ininterrumpido del PIB, una reforma tributaria que aumentó la recaudación, inversiones e incluso la creación del Mides, que no sólo no contribuyó a una reducción drástica de la pobreza infantil, sino tampoco a resolver la problemática de las personas en situación de calle.
Según UNICEF, 150.000 niños y adolescentes viven bajo la línea de pobreza en Uruguay y el ingreso mensual promedio de los hogares pobres con este segmento poblacional alcanzó a 46.100 pesos por mes en 2023.
Con distintas propuestas y énfasis, el combate a la pobreza infantil estuvo en la campaña electoral hacia las presidenciales de 2024 y la problemática fue abordada por los tres principales partidos políticos del país.
Los acuerdos políticos entonces para apretar el acelerador y reducir el número de niños que viven en condiciones indignas, más allá de los reclamos del PIT-CNT, tendrán que venir tarde o temprano.