El Uruguay de este primer cuarto de siglo es el del giro a la izquierda, el de los gobiernos del Frente Amplio, tras un siglo XX dominado ampliamente por el Partido Colorado, que partiendo de un batllismo de notorio talante progresista, que constituyó en buena medida la identidad de la izquierda uruguaya, culminó en un marcado e insólito proceso de derechización, al punto tal que terminó asociado, y en un segundo plano de importancia electoral, con el herrerismo –su histórico antagónico ideológico, el sector más a la derecha del Partido Nacional- y teniendo como reciente candidato presidencial a un confeso admirador del principal líder herrerista. Un devenir con una fusión política que supone una marcada dependencia de los históricos antibatllistas para cualquier posible ejercicio concreto de alguna parcela del poder político.

Sin lugar a dudas, Batlle y Ordóñez tuvo una segunda muerte en su propio partido a partir de la lógica coalicionista, que tuvo su comienzo ya a fines del siglo pasado con el único fin de detener la posibilidad de que el Frente Amplio alcanzara el gobierno. Unidos por la negativa, por el “palo en la rueda”. Una estrategia tan errada como cortoplacista que afectó al propio Partido Colorado y benefició electoralmente al Partido Nacional. 

Para detener al Frente Amplio, el partido colorado se volvió antibatllista en los hechos y se abrazó al herrerismo. Un adolescente Andrés Ojeda ya creció dentro de esa lógica del Partido Colorado. Su figura y prédica antifrentista y procoalicionista es el resultado de esa fallida estrategia que se instaló en los años noventa: el Frente Amplio igualmente comenzaría a ganar elección tras elección y los colorados terminaron como cola de furgón de los blancos, a costa de abandonar definitivamente los ideales batllistas que eran su notable sello de identidad.  

Sin embargo, las recientes elecciones abrieron un abanico de fuertes esperanzas para el renacimiento extrapartidario de esa matriz histórica, con algunos diálogos que comienzan a tender sólidos puentes entre colorados y frentistas, o sea, entre aquellos que coinciden (porque ahí sí hay “familia ideológica” y no mero cálculo electoral) en que este siglo en curso también puede ser el del retorno de un batllismo mucho más amplio en su alcance.

Ciertamente, un frente batllista amplio parece asomarse en el horizonte y esas son muy buenas noticias, sobre todo si tenemos en cuenta lo que nos une en términos de la concepción ética de la política, en la concepción de sociedad que los uruguayos venimos eligiendo. La del pasado domingo 24 de noviembre fue la quinta elección presidencial del Uruguay del siglo XXI (2004, 2009, 2014, 2019 y 2024) y en cuatro ocasiones el triunfó le correspondió a la principal fuerza política de nuestro país, con la excepción del 2019, donde -a continuación de los primeros tres gobiernos de la izquierda y luego del desgaste del Frente Amplio en su vínculo y capacidad de escucha de las bases sociales, incluyendo errores históricos como la declaración de esencialidad de la educación en 2015- la hoy llamada Coalición Republicana tuvo su oportunidad y no pudo renovar el mandato, tras un período marcado por graves escándalos y actos de corrupción, sumado a una muy agresiva prédica contra la oposición (una indeseable “argentinización” de la política, llevada adelante por figuras políticas de su primera línea, que impulsaron una lógica de la grieta y el agravio que nada tiene que ver con la idiosincrasia uruguaya y que también explica la derrota que luego tuvieron en las urnas) y dos reformas (la de la seguridad social y la llamada “transformación educativa”) que se impusieron sin diálogo ciudadano alguno y yendo en contra de amplios sectores populares, en contra de los trabajadores en general (incluyendo a los futuros jubilados) y de los docentes en particular (los grandes ninguneados y maltratados por este gobierno, tanto desde las inconsultas condiciones de trabajo pedagógico y lo salarial como desde el discurso público negativo instalado por las autoridades, que nos trataron casi como si fuésemos “enemigos públicos” que solo debían callar y obedecer). 

Un combo de corrupción, violencia política discursiva, verticalismo y medidas antipopulares que explican en buena medida los importantes festejos que se desataron en las calles el pasado domingo de noche, la desbordada alegría de la mayoría de los uruguayos. Hubo una sensación de alivio. Una comunión de esperanza por un país mejor nos abrazó, la certeza de que se vienen tiempos mejores para todos. Y coloco el acento en ese “todos”, porque de eso se trata la pública felicidad que orientó la campaña del Frente amplio y que nos define en el mejor de los rasgos que tiene nuestra sociedad y en aquello por lo cual debemos seguir construyendo juntos: el bien común, la búsqueda del mayor grado posible de justicia social, la efectiva igualdad de oportunidades, el proteger a los más débiles, el mejorar la condición de vida de quienes se encuentran hundidos en la marginalidad económica y cultural. 

Un mejor país para todos (y en particular para los que menos tienen), más allá de las divisas partidarias y más acá de las desigualdades existentes. Ese es el rumbo elegido en las urnas.

Por supuesto, el triunfo da paso en lo inmediato a la responsabilidad de concretar lo prometido, de llevar adelante lo que el voto popular (alcanza con ver los resultados del sufragio en términos territoriales, en clave barrial y zonal), lo que las bases sociales han marcado como faro, como objetivos a alcanzar. Y estaremos atentos, por supuesto, a que esto suceda, a que nuestros representantes ejerzan como tales. 

Cuando pensamos en la actividad política, lo hacemos desde construcciones valorativas, desde valores deseables de circular en una sociedad. La virtud, sostenía Aristóteles, implica voluntad, obrar con conciencia, o sea, no pertenece meramente al orden del logos, no es solo teoría. Podemos decir que vamos a combatir la corrupción, que vamos a ejercer el poder en relación a los motivos por los cuales se nos confío el gobierno y luego encontrarnos con una insalvable distancia entre el decir y el hacer. Si finalmente el discurso no se concreta en lo que los griegos llamaban el ethos, o sea, en el hábito, en la práctica, se genera una disociación de impacto altamente negativo en los individuos y en la comunidad en general. Y les cuesta las elecciones a los partidos políticos, claro.

En el Discurso inaugural del Congreso de abril de 1813, Artigas enunció una frase que marca el sentido profundo del ejercicio del gobernante y su relación con los ciudadanos que le han colocado en la máxima responsabilidad posible: “Mi autoridad emana de vosotros y ella cesa por vuestra presencia soberana”. Bregar para que así sea es defender también la fundamental concepción de democracia participativa, el que no haya una actitud ciudadana pasiva y el que conducir la polis, en esa admirable concepción griega de lo político, sea realmente un asunto que nos involucra a todos. En los ciudadanos radica el poder y somos el permanente contralor del debido ejercicio del gobierno, aunque a veces los políticos lo olviden.

La pública felicidad, eje artiguista vital donde ética y política van de la mano, ha vuelto a colocarse en el horizonte alcanzable de nuestro país. A trabajar juntos, a construir entre todos una mejor sociedad. Es posible. Y, sobre todo, es nuestro deber. 

¡Que viva la pública felicidad! ¡Que viva Uruguay!