El próximo 27 de octubre la ciudadanía será citada nuevamente a las urnas. Junto a la elección de primera vuelta, donde se elegirán diputados y senadores, se decidirá si se proclama presidente o si será necesaria una segunda vuelta. También se tendrá que tomar postura frente a dos plebiscitos constitucionales. Uno refiere a los allanamientos nocturnos y el otro sobre la seguridad social. La primera será centro de nuestro análisis en la presente columna. En las próximas líneas argumentaré mi posición e intentaré de persuadirlo a usted de porque NO hay que apoyar dicho plebiscito.

La cuestión central es el Estado. Tomando a sociólogos y politólogos destacados como lo es el alemán Max Weber, el Estado no es otra cosa más que un entramado institucional y burocrático que consiste en el monopolio del uso de la violencia o fuerza legítima contra la población que habita su territorio debidamente delimitado. Según el país y la época en la cual nos ubiquemos el Estado ha tenido diferentes funciones. Actualmente, en la mayoría de los países pertenecientes al mundo occidental tenemos, en mayor o menor medida, la presencia de los denominados Estados de Bienestar, entre cuyas funciones tenemos la justicia, la salud, la educación, la seguridad social y la seguridad. Pero, desde el más liberal hasta el más estatista de todos, debe de reconocer que el Estado en el cumplimiento de dichas funciones, como los es la seguridad, puede cometer excesos. Por lo cual ¿cómo nos protegemos los ciudadanos del Estado y sus excesos? 

Es por esa posibilidad que entre otras garantías para los buenos ciudadanos en nuestra principal norma, la Constitución de la República, se nos garantiza el derecho a que el hogar sea un lugar sagrado e inviolable y que no se pueda allanar por la noche, para que en el momento donde los ciudadanos están más vulnerables no puedan ser tomados por sorpresa. Esto es pensando en las familias más humildes o con hijos recién nacidos por la posibilidad de error del domicilio a intervenir. Sabemos que después, ante el error, se podrá denunciar y tomar las sanciones correspondientes, pero después que el daño ya esté cometido. Por eso, es que esa garantía constitucional nos previene del daño. 

En otras palabras, no es que no se ataque a la delincuencia, por el contrario. Pero este plebiscito es un acto de demagogia por parte de la clase política. Ello no solo porque no es una medida mágica, sino porque en vez de ir hacia los delincuentes, se decide sacarles garantías a los ciudadanos de bien. Es incomprensible que, ante la incapacidad de nuestros sucesivos gobiernos de solucionar el tema de la inseguridad, tengan que pagar los platos rotos los buenos ciudadanos que se levantan todos los días temprano a estudiar, a trabajar, a hacer sus actividades y que no sean de los delincuentes quienes sean los verdaderos damnificados.